CDMX.- Guadalupe Taddei formalizó el 26 de octubre su salida de la presidencia del Instituto Nacional Electoral tras una semana de filtraciones que la vinculan con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, proveedor de material electoral cuyas empresas suman cientos de millones en contratos del organismo y de OPLEs, y que la Auditoría Superior de la Federación ya investiga por posibles conflictos de interés, colusión y triangulación. En la breve carta entregada a la Cámara de Diputados —sin membrete y sin una sola mención a las irregularidades— la funcionaria se despidió “con serenidad” y “la satisfacción del deber cumplido”. Designada en 2023 por insaculación tras fallar el acuerdo de mayoría calificada, su llegada y su gestión fueron celebradas y defendidas por Morena y por el propio Andrés Manuel López Obrador; hoy Claudia Sheinbaum insiste en atribuir el nombramiento al “pasado” y a Lorenzo Córdova, como si los lazos familiares documentados de los Taddei con cargos de la 4T y el respaldo político de entonces no existieran.
Desde las instalaciones del INE, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, calificó la salida de “destitución disfrazada de renuncia” y exigió que se investiguen responsabilidades, al tiempo que lanzó la consigna de “un INE sin Morena, sin PAN y sin PRI y sin PRD y sin PT y sin MC”. El reclamo suena a lectura tardía: el mismo partido ahora demanda una presidenta independiente y transparente, justo cuando el escándalo ya estalló. Mientras tanto, Morena, en lugar de aclarar las contrataciones y el entorno familiar de Taddei, ha preferido arremeter contra Ninfa Salinas por cuestionar la opacidad y la concentración de facultades que la reforma de 2024 le otorgó a la presidencia del organismo. Manlio Fabio Beltrones, por su parte, ya había advertido semanas antes que la situación de Taddei estaba “sumamente comprometida” por el manejo poco transparente de recursos y por cambios legislativos que le dieron poder unipersonal para designar mandos clave.
A menos de un año de las elecciones federales de 2027, el proceso para sustituirla —que según Ricardo Monreal tomará entre cuatro y cinco semanas— se convierte en el nuevo terreno de disputa partidista. La renuncia no cierra el caso: la ASF sigue indagando y la carta de Taddei no aporta una sola explicación. Lo que sí queda claro es que el árbitro electoral llega a este proceso con la credibilidad hecha trizas, mientras unos culpan al pasado que ellos mismos apuntalaron y otros descubren de pronto la necesidad de autonomía. El riesgo no es abstracto: si el relevo se resuelve por cuotas o por simulación, las dudas sobre la organización de los comicios de junio de 2027 no serán un rumor de redes, sino el resultado previsible de una institución que nadie parece dispuesto a rescatar de verdad.