Guerrero.- José Ángel López Girón, de 37 años, no desapareció en la nada. El 11 de septiembre, a las 16:00 horas, policías municipales de Coyuca de Benítez lo bajaron de su vehículo en un retén, lo subieron a la patrulla 005 y dejaron a su familia sin respuestas. Dos días después lo hallaron en la carretera Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de El Papayo, con disparos y huellas de tortura. Nunca lo presentaron ante el Ministerio Público. La familia denunció desaparición forzada y homicidio contra elementos municipales, el titular de Seguridad y el alcalde Víctor Hugo Catalán Díaz.
Este 17 de septiembre, cuentas locales reportan la detención de Mario Arturo Castillo Ramos, secretario de Seguridad Pública de Coyuca, junto con nueve policías municipales, en una acción atribuida al Operativo Enjambre. Hasta ahora no hay un comunicado oficial de Omar García Harfuch que confirme el operativo en Guerrero, pero el patrón es el mismo que el Gobierno federal dice combatir: corporaciones municipales convertidas en riesgo para la población. Castillo, además, ya había sido detenido en agosto en el Centro de Acapulco por irregularidades con un arma de cargo; lo soltaron a las 40 horas y el Ayuntamiento lo dejó en el puesto.
No basta con “caer” después del cadáver. Si un hombre sale vivo de un retén municipal y reaparece ejecutado en la federal, el problema no es un exceso aislado: es una policía que opera sin control, un mando que ya había sido detenido y reinstalado, y una Fiscalía estatal que llega cuando el cuerpo ya está en la carretera. Mientras no haya imputaciones claras, prisión preventiva y cadena de mando investigada de verdad, Coyuca seguirá siendo el mismo recado: el uniforme detiene y la carretera entrega.