Sonora.- Adrián LeBarón denunció el 5 de octubre que la Fiscalía General de la República le pidió a un juez autorizar diez años de prisión para un implicado en la emboscada del 4 de noviembre de 2019, en Bavispe, Sonora. Ese día un comando —atribuido a La Línea, brazo armado del cártel de Juárez— atacó tres camionetas de las familias LeBarón, Langford y Miller. Murieron Rhonita María Miller, hija de Adrián, Christina Marie Langford y Dawna Ray Langford, y seis niños, dos de ellos bebés de ocho meses. Otros menores quedaron heridos. “Es un año por cada vida”, escribió LeBarón, y le preguntó a Claudia Sheinbaum si lo mismo valdrían la de sus hijos y nietos.
No es la primera vez que la cifra se queda corta frente al crimen. En 2023 un juez condenó a Fidencio Alejandro González Esparza, “El Janos”, a doce años: diez por delincuencia organizada y dos por portación de armas, y dejó el homicidio en otro proceso. En el sexto aniversario, LeBarón dijo que la FGR había ofrecido procedimientos abreviados de 28 años para nueve sicarios por las muertes —unos tres años por víctima— y que, al rechazarlos, los expedientes se frenaron. En enero de 2025 un juez ordenó investigar el asesinato de Rhonita y sus hijos como terrorismo, delito que lleva de quince a cuarenta años y cierra la puerta al atajo abreviado. Años después, decenas de detenidos y casi ninguna condena por homicidio.
Diez años no reparan una emboscada contra mujeres y niños. Son la tarifa de un sistema que convierte masacres en delincuencia organizada, arma el expediente para que salga barato y luego llama justicia a lo que la familia se niega a firmar. Sheinbaum ya dijo, en el quinto aniversario, que no se había reunido con ellos porque no se lo habían pedido. El reclamo ya está en público. Seguir en silencio es elegir el lado de la cuenta corta.
