Diputada de Morena en Hidalgo, bajo la lupa por abuso infantil, se refugia en licencia temporal
La licencia de Medina, solicitada desde el 8 de abril, parece un intento de ganar tiempo frente a la presión judicial y mediática
Hidalgo.- La diputada local de Morena por el distrito de Zimapán, Alhely Medina Hernández, solicitó una licencia de 30 días al Congreso de Hidalgo, aprobada el 29 de abril con 24 votos a favor y ninguno en contra, en medio de una tormenta de acusaciones que la vinculan a un grave caso de abuso sexual contra dos menores en 2022. La legisladora, señalada como presunta participante en los hechos junto a familiares y cercanos, enfrenta una orden de aprehensión emitida por un juez federal. Su ausencia en sesiones legislativas desde el 15 de abril y su estatus como presunta prófuga han encendido las alarmas sobre la protección política y la impunidad en el caso.
El caso Trejo Leal, como se le conoce, estalló tras la denuncia presentada en junio de 2022 por Jaqueline Trejo Leal, madre de las víctimas, quienes hoy se encuentran en un refugio federal. Las menores, de entonces cinco y siete años, acusaron a Arturo Williams Trejo Leal, empresario y político de Morena, su esposa Eva Medina (hermana de Alhely), Ixtshelle Trejo Leal, Eduardo Bibiano Badillo y a la propia Alhely Medina de haber participado en los abusos ocurridos entre el 18 y 27 de abril de 2022 en Zimapán. Los testimonios, recabados por la Fiscalía General de la República (FGR), incluyen dictámenes que confirman el abuso, aunque la identidad de los agresores no ha sido jurídicamente determinada. Peritajes contradictorios y acusaciones de manipulación de pruebas han enturbiado la investigación, mientras Arturo Trejo alega un móvil económico ligado a una herencia familiar y su hermana Aylén, representante legal de las niñas, denuncia protección gubernamental al empresario.
La licencia de Medina, solicitada desde el 8 de abril, parece un intento de ganar tiempo frente a la presión judicial y mediática. En febrero de 2025, la diputada negó las acusaciones en una rueda de prensa, calificándolas de “calumnias” y “persecución política” en razón de género, y anunció acciones legales contra quienes la señalan, aunque no ha presentado pruebas que la desvinculen. Además, reportó haber iniciado una carpeta de investigación por violencia política tras amenazas recibidas durante su campaña en 2024. Sin embargo, su ausencia reiterada en el Congreso y la aprobación de su licencia tras semanas de justificar faltas por “trabajo en su distrito” levantan sospechas sobre un posible encubrimiento o estrategia para evadir la justicia.
El caso expone las fisuras en la respuesta institucional ante delitos de violencia sexual contra menores en México. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes obliga al Estado a garantizar entornos libres de violencia, pero la lentitud en las investigaciones y la protección aparente a figuras políticas de Morena socavan esta premisa. La politización del caso, que llegó a mencionarse en una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, agrava la revictimización de las menores y refuerza la percepción de impunidad en un estado donde Morena ostenta el control político.
La licencia de Alhely Medina no resuelve las preguntas clave: ¿hasta dónde llega la red de protección en Hidalgo? ¿Por qué las órdenes de aprehensión no se han ejecutado? Mientras las víctimas y su madre permanecen resguardadas, la justicia sigue en deuda, y la sociedad hidalguense exige respuestas que vayan más allá de maniobras legislativas.