Ciudad de México.— La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, el dictamen que reforma los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para exigir nacionalidad mexicana única a quienes aspiren a la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen, que parte de una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, establece que esos cargos solo podrán ocuparlos ciudadanas y ciudadanos mexicanos por nacimiento, hijas o hijos de padre o madre mexicanos, que no tengan ni adquieran otra nacionalidad. Quien ya cuente con una segunda nacionalidad deberá renunciar a ella antes de pedir su registro como candidato, en los términos que fije la ley.
La restricción no cubre al resto de los cargos de elección popular. Sí alcanza, en cambio, a quien ya ocupe el Ejecutivo federal o local: no podrá adquirir ni ejercer otra nacionalidad, usar pasaporte o documento de identidad extranjeros, ejercer derechos políticos de otro país ni acogerse a su protección diplomática. El incumplimiento se sancionaría conforme al Título Cuarto de la Constitución.
Los votos a favor salieron de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. En contra votaron el PAN (59), el PRI (31) y Movimiento Ciudadano (26). Hubo una abstención. La reforma aún debía discutirse en lo particular y, para quedar firme, tiene que pasar por el Senado y la mayoría de los congresos locales. En los transitorios se prevé que entre en vigor al día siguiente de su publicación, pero que los nuevos requisitos apliquen a partir del proceso electoral de 2028 y no a quienes ya estén en el cargo.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy (Morena), defendió el dictamen como un candado contra conflictos de lealtad e injerencia extranjera. Aseguró que no se elimina el derecho de los mexicanos en el exterior a tener doble nacionalidad, sino que se condiciona solo a quien quiera encabezar un Ejecutivo.
La oposición rechazó el enfoque. El panista Germán Martínez dijo que la soberanía se defiende con instituciones y Estado de derecho, no con más límites a quién puede ocupar un cargo, y desplazó el debate hacia la relación del poder con el crimen organizado. Su compañero Diego Ángel Rodríguez pidió suspender la discusión por falta de análisis, vacíos jurídicos y ausencia de parlamento abierto con comunidades migrantes. El priista Alejandro Domínguez argumentó que el artículo 32 ya regula los derechos de quienes tienen otra nacionalidad y acusó al oficialismo de usar la reforma para inhabilitar perfiles opositores.
El trámite no termina en San Lázaro. Aunque la votación en lo general alcanzó mayoría calificada, el texto todavía puede cambiar en lo particular y debe completar el proceso constitucional antes de aplicar en 2028.