Diputados aprueban desaparición de CompraNet; oposición advierte opacidad y corrupción
El dictamen aprobado asegura que el nuevo esquema busca “fortalecer la planeación y ejecución de proyectos estratégicos”. No obstante, no especifica cómo se garantizará la transparencia.
CDMX.- Con 260 votos a favor, 194 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes una reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados que elimina CompraNet, la plataforma digital que desde 1996 ha sido el pilar para transparentar las licitaciones y contrataciones del gobierno federal. La iniciativa, impulsada por Morena y sus aliados (PT y PVEM), transfiere la gestión de estos procesos a un nuevo sistema bajo el control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), argumentando que esto modernizará y agilizará las adjudicaciones de obra pública. Sin embargo, la oposición advierte que esta decisión erosiona la rendición de cuentas y abre la puerta a prácticas discrecionales que podrían favorecer la corrupción.
El dictamen aprobado asegura que el nuevo esquema busca “fortalecer la planeación y ejecución de proyectos estratégicos”. No obstante, no especifica cómo se garantizará la transparencia en un sistema que, a diferencia de CompraNet, no parece estar diseñado como una herramienta pública de acceso universal. CompraNet, pese a sus limitaciones técnicas y burocráticas, permitía a ciudadanos, empresas y organismos supervisores monitorear en tiempo real los procesos de contratación, desde la publicación de convocatorias hasta la asignación de contratos. Su desaparición, advierten expertos y legisladores opositores, deja un vacío que podría ser aprovechado para adjudicaciones directas sin escrutinio.
La crítica más contundente vino de la oposición. La diputada panista María Elena Pérez-Jaén afirmó durante el debate: “Están quitando la transparencia para meter opacidad y corrupción; es un retroceso de 30 años”. Esta postura fue secundada por el priista José Francisco Yunes, quien señaló que “la desaparición de CompraNet es un golpe directo a la ciudadanía que exige cuentas claras”. Ambos legisladores destacaron que, en un contexto de crecientes señalamientos por contratos cuestionables —como los otorgados en proyectos emblemáticos del actual sexenio—, esta reforma parece más un intento de consolidar el control gubernamental que de mejorar la eficiencia.
Por su parte, los legisladores oficialistas defendieron la medida con argumentos de practicidad. Morena aseguró que el sistema actual es obsoleto y que la SHCP podrá implementar una plataforma más ágil, aunque no precisaron cómo se asegurará la participación abierta de proveedores ni cómo se evitarán favoritismos. El texto del dictamen menciona que la reforma “responde a la necesidad de alinear las contrataciones con los objetivos del gobierno”, una declaración que, lejos de tranquilizar, ha avivado sospechas sobre la intención de priorizar proyectos políticos sobre la competitividad y la legalidad.
El trasfondo de esta decisión no es menor. CompraNet, creado en el marco de esfuerzos por combatir la corrupción tras escándalos de las décadas pasadas, fue una herramienta clave en la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas. Aunque imperfecto —con problemas de usabilidad y casos documentados de manipulación—, su valor radicaba en su accesibilidad pública. Ahora, con su eliminación, México se suma a una tendencia preocupante en la región: la centralización de procesos que deberían ser transparentes. Organizaciones como Transparencia Mexicana ya han expresado su preocupación, señalando que esta reforma podría contravenir compromisos internacionales del país en materia de gobierno abierto.
La discusión no termina aquí. El proyecto pasa ahora al Senado, donde se espera un debate igualmente polarizado. La oposición ha prometido dar batalla para revertir o al menos ajustar la reforma, mientras que el bloque oficialista confía en su mayoría para consolidarla. Lo que está en juego, más allá de una plataforma tecnológica, es la confianza en un sistema de contrataciones que, en teoría, debería servir al interés público y no a los cálculos políticos de quien esté en el poder.