Ciudad de México.— Un informe federal al que alude el columnista Héctor de Mauleón en El Universal señala que a principios de 2024, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la entonces secretaria de Bienestar y actual dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, se reunió en Guadalupe y Calvo (Sierra Tarahumara, Chihuahua) con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano mayor de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y líder de la facción “Gente del Guano” del Cártel de Sinaloa.
Según las fuentes de seguridad consultadas por el periodista, en ese encuentro se habría negociado que el grupo bajo las órdenes de “El Guano” en Chihuahua (vinculado a Los Salgueiro) interviniera en las elecciones de ese año apoyando a candidatos de Morena —la mayoría cercanos a La Línea—, a cambio de que la gente del Guano controlara territorio desde La Tuna (Sinaloa) hasta Moris (Chihuahua).
Los reportes indican que se ordenó a “Los Guanos” abandonar a candidatos tradicionales (como Julio César Chávez Ponce, “El Chacho”) y respaldar a figuras morenistas, incluida la actual alcaldesa Ana Laura González Ábrego. También se menciona la presencia en el encuentro del exdelegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, Juan Carlos Loera.
Estas revelaciones se producen en el contexto de las acusaciones públicas de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván (Maru Campos), quien en entrevista con Carlos Loret de Mola (Latinus) y en otros medios sostuvo que Montiel “está vinculada con el crimen organizado”. Campos afirmó haber planteado el tema durante la tensa reunión privada que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum el 19 de septiembre en Ciudad Juárez, encuentro marcado por reproches a gritos sobre seguridad, la presencia de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio en la sierra y la soberanía. Sheinbaum confirmó que la gobernadora le expresó sospechas sobre nexos de Montiel y le pidió pruebas; hasta ahora Campos no ha presentado denuncias formales con elementos documentales ante la FGR, aunque ha reiterado que los señalamientos se remontan a 2021 y están ligados a procesos electorales y operaciones en zonas como Guadalupe y Calvo.
Montiel rechazó categóricamente las acusaciones, las calificó de “sin sustento” y “calumnias”, e invitó a Campos a presentar pruebas ante las autoridades. Sheinbaum la defendió como “una mujer honesta”. Los 24 gobernadores de Morena emitieron un desplegado de apoyo, entre ellos Marina del Pilar Ávila (Baja California), Evelyn Salgado (Guerrero), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) y otros, atribuyendo los señalamientos a “frustración y diferencias políticas”. Loera, mencionado en los informes, también descalificó las declaraciones de Campos como calumnias.
El caso reabre preguntas sobre la penetración del crimen organizado en estructuras políticas del norte, la operación territorial de Morena en la Sierra Tarahumara (donde Montiel vivió y sentó bases del partido antes de 2018), y la eficacia de la estrategia de seguridad de la 4T.
“El Guano” permanece prófugo, con recompensa estadounidense de millones de dólares, y su facción ha sido objeto de operativos federales recientes. Las acusaciones de Campos carecen de formalización judicial pública, mientras que los informes citados por de Mauleón no han sido desmentidos oficialmente con documentos. La crisis refuerza la polarización: mientras Morena cierra filas, la oposición y la gobernadora panista de Chihuahua usan el tema para cuestionar la narrativa de “abrazos, no balazos” y la pureza del partido en el poder.
El episodio ilustra cómo los señalamientos de nexos criminales —sin pruebas judiciales contundentes en un lado y con informes de inteligencia en el otro— se convierten en arma política en un país donde el Cártel de Sinaloa y sus facciones siguen disputando territorio y votos en estados como Chihuahua.