CDMX.- El 17 de octubre detuvieron a César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua bajo el gobierno de María Eugenia Campos, por el operativo de abril en El Pinal, Morelos, donde se desmanteló un narcolaboratorio. Participaron agentes de la CIA sin autorización federal y murieron dos de ellos junto con personal estatal. La Fiscalía estatal lo acusó de ejercicio ilegal del servicio público y coalición; horas después, la FGR de Ernestina Godoy le imputó traición a la patria por permitir intervención extranjera no autorizada, alegando vulneración a la soberanía. Jáuregui había renunciado en abril tras el escándalo y defendió la operación como necesaria contra el crimen.
La senadora Lilly Téllez (PAN) respondió que el gobierno “prefiere proteger a los narcopolíticos”. Señaló el contraste: se encarcela a quien combatió un laboratorio mientras figuras como el senador Enrique Inzunza —acusado por EU de vínculos con Los Chapitos— siguen en el Senado con fuero, después de separarse de la bancada morenista en agosto sin renunciar al escaño pese a la solicitud de detención provisional de Washington y llamados de Sheinbaum para que pidiera licencia. Téllez también apuntó a otros señalados como Rubén Rocha Moya.
El mismo día, la diputada Kenia López Rabadán (PAN) presentó una iniciativa para reformar el artículo 123 del Código Penal Federal y castigar como traidores a la patria a servidores públicos que protejan, informen o financien al crimen organizado. La propuesta llega cuando el discurso de “traición a la patria” se aplica con dureza a la cooperación irregular contra un laboratorio, pero no se traduce en acciones equivalentes contra funcionarios del oficialismo con acusaciones documentadas de nexos directos con cárteles. El contraste deja al descubierto una justicia selectiva que prioriza la narrativa de soberanía sobre el combate efectivo a los grupos que controlan territorios.