CDMX.- A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el subsecretario Arturo Medina Padilla y el fiscal especial Mauricio Pazarán presentaron este 28 de septiembre un “reanálisis científico” de documentos, llamadas y testimonios. El Gobierno habla de cuatro líneas: vínculos entre Guerreros Unidos, policías y funcionarios; el uso posterior de teléfonos de los estudiantes; nuevos testimonios; y el presunto ocultamiento de videos del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. El anuncio suena a avance. El saldo, no: 40 de los 43 siguen sin ser localizados, no hay sentencias por la desaparición y al menos seis padres o madres murieron sin respuesta.
El dato más duro del informe no es la tecnología, sino lo que tardó 12 años en ser “descubierto”. El cruce de llamadas identificó a 17 personas que antes no estaban en la mira y reconstruyó contactos entre el crimen, la policía y dueños de funerarias con concesión del SEMEFO de Iguala. Las autoridades dicen que el teléfono de un estudiante fue usado semanas después por el propietario de la funeraria El Ángel; en cateos a funerarias y al SEMEFO recuperaron 23 indicios —fragmentos óseos, restos biológicos, casquillos— aún bajo peritaje, con intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense. Otra pista sostiene que unos 17 normalistas habrían pasado por la barandilla municipal. Otra más apunta a que se borraron grabaciones de las cámaras 12 y 15 del Palacio de Justicia; esa línea derivó en procesos contra la expresidenta del Tribunal, una visitadora y, el 6 de agosto, contra el exgobernador Ángel Aguirre. Hay 168 personas sujetas a proceso y 130 en prisión. Cero condenas. Cero paraderos.
Ese es el núcleo de la crítica: no se puede vender como justicia un recuento de líneas abiertas cuando el Estado lleva más de una década sin decir dónde están los estudiantes. Las familias marcharon exigiendo el regreso del GIEI y la entrega de cientos de folios militares; Amnistía Internacional insiste en 853 folios pendientes; este informe se dio sin convocar a los padres, según reportes del mismo día. Reanalizar expedientes de cinco millones de páginas no sustituye la verdad verificable. Mientras el comunicado habla de “prioridad” y “búsqueda”, Ayotzinapa sigue siendo lo que ha sido bajo tres presidencias: un caso que se administra, se anuncia y se aplaza. Los 43 no necesitan otra metodología. Necesitan resultados.
