Mérida.- Josefina Ramos González, de 70 años y con discapacidad, se plantó sola bajo la lluvia frente al Palacio de Gobierno de Mérida y bloqueó la calle 61 después de que en la JAPAY no la atendiera el director Francisco Torres Rivas. Lleva más de dos años con una fuga sin resolver y le cobran cerca de 500 pesos por un servicio de agua que no recibe de forma adecuada en su casa de la colonia Plan de Ayala Sur. Su frase resume el hartazgo: “Para pedir el voto sí aparecen”.
El gobierno estatal dice que la escuchó el 14 de octubre, que le condonaron el adeudo y que verificarán el suministro, además de acompañarla en un trámite de pensión de viudez ante el ISSSTE. Pero el caso no es aislado. Desde mayo vecinos de varias colonias de Mérida y Kanasín protestan por baja presión, cortes prolongados y fugas. La planta potabilizadora Mérida III opera al 60 % y fallas eléctricas han dejado sin servicio a decenas de colonias. La red tiene más de 60 años en tramos clave y el propio gobernador Joaquín Díaz Mena ha reconocido el problema mientras busca un crédito de más de mil 500 millones para obras.
Una adulta mayor no debería tener que sentarse empapada en el asfalto para que le arreglen el agua. El patrón se repite: campaña puerta a puerta, abrazos y promesas; después, burocracia, largas y “la red es vieja”. En Yucatán el derecho al agua se diluye entre comunicados y empréstitos mientras la gente espera pipas o se queda sin servicio. La imagen de doña Josefina no es anécdota: es el costo cotidiano de una gestión que prioriza el discurso sobre la tubería.