¿Dónde está Taddei? Sheinbaum se lava las manos y le tira el problema al INM

La presidenta respondió que “todo indica” que permanecen en el país, pero señaló que corresponde a Migración informar oficialmente, en medio de las investigaciones por contratos del INE

CDMX.- Este viernes, al ser cuestionada sobre el paradero de Guadalupe Taddei —expresidenta del INE que renunció el 26 de octubre en medio del escándalo por contratos irregulares— y de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, Claudia Sheinbaum respondió con un escueto “que informe el INM”. Dijo que “todo indica” o “parece que sí” permanecen en el país, pero admitió que ni el Gabinete de Seguridad ni Migración le han dado datos concretos. La respuesta llega justo cuando corren versiones (sin confirmación oficial) de que Taddei habría cruzado a Arizona y los empresarios a Sudamérica, y cuando la UIF ya bloqueó cuentas de unas 40 personas y empresas vinculadas, incluida la propia Taddei, y presentó denuncias ante la FGR.

El contexto es contundente: las empresas de los Hernández Casillas (Cajas Graf, Formas Finas y otras) acumularon alrededor de 2,740 millones de pesos en contratos con el INE y organismos locales entre 2015 y 2025, en un esquema que la Secretaría Anticorrupción calificó de simulación de competencia y que tiene raíces desde los años 80-90. El entramado no nació con Taddei —se fortaleció bajo gestiones anteriores, incluida la de Lorenzo Córdova—, pero se consolidó y se volvió más visible durante su mandato, al punto de que ella misma no ha entregado formalmente su oficina. Morena, que impulsó su llegada a la presidencia del instituto sin un acuerdo amplio, ahora enfrenta el costo político de esa designación.

La vaguedad de Sheinbaum no es un detalle menor. Pedir al INM que “informe” mientras se presume que no hay fuga suena a administración del daño más que a control de la situación. Con investigaciones abiertas de la ASF y la FGR, cuentas bloqueadas y un proceso electoral 2027 en puerta, la falta de claridad sobre el paradero de los principales señalados alimenta la percepción de que el gobierno federal trata el caso con pinzas: se investiga, se habla de “mafia electoral”, pero se evita cualquier gesto que parezca persecución o, peor aún, que confirme que alguien se escapó. En un organismo que debe garantizar la confianza ciudadana, esa ambigüedad es exactamente lo que el escándalo no necesitaba.