¿Dónde quedaron los 2.7 millones para las víctimas de Otis? Un escándalo que exige respuestas
Auditoría Superior de la Federación detecta falta de documentación en recursos destinados a víctimas en Guerrero
Guerrero.- Acapulco, Guerrero sigue lamiéndose las heridas dos años después del devastador paso del huracán Otis, pero ahora un nuevo golpe sacude a la región: la Auditoría Superior de la Federación (ASF) destapó irregularidades por 2.7 millones de pesos en los apoyos destinados a los damnificados. Según el reporte de la auditoría 2024-0-20100-19-0289-2025, revisado como parte de la Cuenta Pública 2024, no se entregaron 214 expedientes de beneficiarios ni la documentación que pruebe el destino de esos recursos, dejando en el aire una pregunta incómoda: ¿quién se benefició realmente de este dinero?
El hallazgo no es aislado. La ASF también identificó pagos excesivos por 56,000 pesos a siete personas en Guerrero, quienes recibieron más de un apoyo para trabajos de limpieza, violando las reglas del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, operado por la Secretaría de Bienestar. Esto suma un posible daño a la Hacienda Pública de 14.2 millones de pesos, de los cuales solo se han recuperado 11.3 millones, dejando un hueco de casi 2.7 millones por aclarar.
El contexto agrava la situación. Desde el huracán Otis en octubre de 2023, Acapulco ha sido un mosaico de promesas incumplidas: escuelas sin bardas reconstruidas, hoteles destruidos que aún esperan atención y mercados que recién comienzan a rehabilitarse en 2025. Las auditorías previas de la Cuenta Pública 2023 ya habían señalado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por adquirir más de 400,000 artículos sin registro adecuado, incluyendo un contrato polémico con una empresa inhabilitada por corrupción, Adiam Abastecedora de Insumos y Alimentos. ¿Es este un patrón de opacidad o un simple descuido administrativo?
La falta de transparencia no solo erosiona la confianza en las instituciones, sino que deja a las víctimas en un limbo. Mientras la Secretaría de Bienestar instaló módulos para repartir apoyos entre noviembre y diciembre de 2023, los datos de la ASF sugieren que el proceso estuvo lejos de ser impecable. Sin expedientes ni recibos, el riesgo de desvío de fondos se hace evidente, y las autoridades locales, como la alcaldesa Abelina López, enfrentan un creciente escrutinio por su manejo de la emergencia.
Este caso plantea preguntas urgentes: ¿qué mecanismos de control fallaron? ¿Quién rendirá cuentas por estos millones extraviados? La sociedad mexicana, cansada de promesas vacías, merece respuestas claras, no solo auditorías que destapen el problema, sino acciones que lo resuelvan. Por ahora, el huracán Otis sigue cobrando factura, no solo en infraestructura, sino en la credibilidad de quienes debían proteger a los más vulnerables.