Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, negó haber rendido declaraciones ante autoridades estadounidenses en contra de Andrés Manuel López Obrador durante su reciente paso por Tucson, Arizona. El mandatario desestimó como pura “fantasía” las versiones de un periodista en Washington sobre la supuesta implicación de gobernadores morenistas en indagatorias del Departamento de Justicia vinculadas al huachicol y al crimen organizado. La versión se difundió después de que Manuel López San Martín, citando a Armando Guzmán, señalara que tanto Durazo como Américo Villarreal, de Tamaulipas, habrían cruzado a Estados Unidos bajo un esquema de “libertad condicional por beneficio público significativo” (Significant Public Benefit Parole), un mecanismo que suele reservarse a personas que colaboran con investigaciones federales.
Ese reporte no surge en el vacío. En junio de 2026, Los Angeles Times publicó que Washington investigaba a ambos por presuntos nexos con el crimen organizado —Durazo por vínculos generales y Villarreal por contrabando de combustible— y que les habrían revocado las visas, aunque seguían ingresando bajo el parole. The New York Times también los señaló como objetivos de pesquisas por corrupción y mencionó que varios funcionarios de Morena se habrían ofrecido como informantes. Los gobiernos de Sonora y Tamaulipas negaron entonces las investigaciones y aseguraron que las visas seguían vigentes. Hasta ahora no hay cargos formales ni documentos públicos que confirmen declaraciones contra López Obrador; lo que sí existe es el patrón documentado de reportes periodísticos con fuentes anónimas en agencias estadounidenses y las propias desmentidas oficiales.
La negativa de Durazo resulta poco convincente cuando se contrasta con el mecanismo mismo del parole y con el historial de señalamientos que rodean a varios gobernadores de Morena. Si no hay investigación ni cooperación, ¿por qué aparece repetidamente este estatus especial que Washington otorga a quienes aportan información útil? Llamar “fantasía” a versiones periodísticas no aclara por qué el Departamento de Justicia mantiene el expediente abierto ni despeja las dudas sobre el uso de un permiso pensado para testigos colaboradores. En un momento en que el mismo gobierno de Sheinbaum enfrenta el escrutinio por casos como el de Rubén Rocha en Sinaloa, la respuesta de Durazo se lee más como un intento de cerrar filas que como una aclaración transparente. Washington no necesita la confirmación del gobernador para seguir adelante; el silencio oficial y las descalificaciones genéricas solo alimentan la percepción de que la 4T administra el problema en lugar de enfrentarlo.