Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, salió este 29 de octubre a defender la permanencia de Luis Rogelio Piñeda Taddei —hijo de la recién renunciada presidenta del INE, Guadalupe Taddei— como su secretario particular. En su conferencia semanal aseguró que el nombramiento no respondió a recomendación alguna de la madre, sino a “méritos propios”: el joven trabajó como asesor en el Congreso local, pasó a la Consejería Jurídica y participó en la recuperación judicial de un predio de 350 hectáreas. Durazo relató haberle dicho textualmente “te lo has ganado” y dejó claro que no lo removerá “mientras no exista una investigación que lo vincule con alguna ilegalidad”. Al mismo tiempo negó la existencia de un “clan Taddei”, aunque en el mismo discurso admitió haber propuesto o impulsado a varios parientes: a Jorge Taddei (primo de Guadalupe) como superdelegado de Bienestar, a Celeste Taddei como candidata a diputada local y a Pablo Taddei para dirigir LitioMX. Su frase más reveladora fue: “Si hay clan Taddei, soy autor intelectual involuntario”.
El contexto no ayuda a la versión del gobernador. Guadalupe Taddei presentó su renuncia formal al INE el 26 de octubre, acorralada por una cascada de señalamientos de conflicto de interés, contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno personal (como las de José Alfredo Hernández Casillas) y una investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación por posibles irregularidades, colusiones y triangulación de recursos por cientos de millones de pesos. La familia ha acumulado cargos en gobiernos de Morena en Sonora y a nivel federal, un patrón que Durazo reconoce haber alimentado desde su época al frente del partido y como gobernador.
La defensa del mandatario sonorense resulta insostenible. Negar el clan mientras enumera las recomendaciones que él mismo hizo, y proteger al hijo de la funcionaria más cuestionada del árbitro electoral precisamente cuando esta abandona el cargo envuelta en escándalos, revela la distancia entre el discurso de austeridad y no nepotismo de la 4T y la práctica real. En lugar de separar al funcionario de un entorno familiar bajo investigación, Durazo opta por el “mientras no haya sentencia” y se autoasigna el papel de impulsor involuntario. Es la confesión más clara de cómo se consolidan redes de poder familiar bajo el manto de los “méritos propios”.