CDMX.- Marcelo Ebrard salió de la plenaria de Morena en San Lázaro a decir lo que el partido necesitaba oír: que las acusaciones de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, el huachicol fiscal y hasta el retiro de visa a Andy López Beltrán “no han tenido ningún peso” en la negociación comercial. Según el secretario, esos temas ni siquiera están en la conversación; México, dice, ya alista la cuarta ronda y va más adelantado que Canadá. El truco es viejo: partir la relación con Washington en mesas aisladas —comercio aquí, seguridad allá— como si un inversionista o un congresista estadounidense leyera el tratado con anteojeras.
El problema es que los hechos no caben en ese cajón. En abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha y a otros nueve funcionarios de Sinaloa de proteger a Los Chapitos a cambio de sobornos. El gobernador pidió licencia, volvió el 21 de agosto jactándose de que la FGR no halló “mínimos elementos”, y al día siguiente se volvió a ir bajo presión de Sheinbaum y de su propio partido. La investigación federal, dijo Gobernación, sigue abierta. En paralelo, el huachicol fiscal —combustible que entra con pedimentos falsos y sin IEPS— ya dejó rastros que Washington no ignora: sanciones de la OFAC a redes ligadas al CJNG, detenciones en México que incluyen a un excontralmirante de Marina, y pérdidas fiscales estimadas en cientos de miles de millones de pesos. Estados Unidos, además, metió aduanas y energía en su lista de 54 barreras no arancelarias.
Negar el impacto no lo borra. El T-MEC no se renovó por 16 años el 1 de julio; quedó sujeto a revisiones anuales hasta 2036, con una relación comercial que ya arrastra incertidumbre. Pretender que un gobernador acusado por fiscales estadounidenses y un agujero fiscal del tamaño de un puerto no pesan en la confianza es una cortina de humo: no están en el acta, pero están en el ambiente. Y el ambiente, en un tratado, también se negocia.