Brooklyn, Estados Unidos.— Javier Aguilar, de 52 años y avecindado en Houston, Texas, fue condenado por su papel en dos esquemas distintos de cohecho entre 2015 y 2020, cuando trabajaba en Vitol Inc., la filial estadounidense de una de las mayores comercializadoras de energía del mundo. El juez Eric Vitaliano le impuso además el decomiso de 7,13 millones de dólares y una multa de 100.000. Medios mexicanos indican que, al cumplir la pena, enfrenta la deportación a México.
Según el Departamento de Justicia, pagó más de un millón de dólares a funcionarios de Petroecuador, la empresa pública de hidrocarburos de Ecuador, y de PEMEX Procurement International, filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) dedicada a compras. A cambio, Vitol obtuvo y retuvo negocios por más de 500 millones de dólares.
En Ecuador, Aguilar y sus cómplices acordaron sobornar a altos funcionarios para un contrato de 300 millones de dólares de compra de fueloil. Para sortear restricciones de Petroecuador a empresas privadas, usaron una entidad estatal de Medio Oriente y facturas ficticias. En México, el mismo andamiaje de empresas pantalla sirvió para lavar unos 600.000 dólares destinados a dos funcionarios de la filial de Pemex y así colocar contratos de suministro de gas etano.
El jurado lo declaró culpable de conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés) —la norma estadounidense que castiga el soborno de funcionarios foráneos—, de violar esa ley en el esquema ecuatoriano y de conspirar para lavar dinero en ambos países.
Andrew A. Tysen Duva, fiscal general adjunto al frente de la División Penal del Departamento de Justicia, dijo que la sentencia deja claro que quienes “facilitaron y dirigieron dos grandes esquemas internacionales de soborno y lavado” serán llevados ante la justicia. El FBI subrayó el alcance de la FCPA.
Vitol no es un nombre nuevo en esta historia. En diciembre de 2020 admitió sobornos en Brasil, México y Ecuador y pagó 164 millones de dólares para cerrar pesquisas de Estados Unidos y Brasil. En 2024, la rival Gunvor acordó unos 662 millones por un esquema similar en Ecuador. Aguilar es el operador que ahora paga con cárcel lo que las mesas de negociación corporativa ya habían tasado en multas.
Pemex y Petroecuador mueven crudo, fueloil y gas que alimentan refinación, generación eléctrica y bunkering en el golfo de México, el Caribe y las rutas hacia Florida. Houston es uno de los mostradores de ese comercio. Cuando un trader compra contratos con sobornos, el sobreprecio no se queda en Quito o en las oficinas de Pemex: se diluye en precios, comisiones y una red de intermediarios que cruza las mismas aguas por las que circulan carga legal y dinero sucio.
La condena cierra un tramo judicial en Nueva York. No cierra la pregunta de qué funcionarios cobraron en México y Ecuador, ni si las petroleras estatales revisaron a fondo los contratos que Vitol retuvo gracias a esas coimas.