EE.UU. intensifica la lucha contra el tráfico de armas a México con “mano dura” y designación de cárteles como terroristas
El anuncio se enmarca en la orden ejecutiva 14157, emitida el 20 de enero de 2025, que designa a cuatro cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras
EU.- En una conferencia de prensa en Arizona, funcionarios de alto rango de agencias federales de Estados Unidos, incluyendo la Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), anunciaron una estrategia reforzada para combatir el tráfico de armas hacia México. Brendan Iber, agente especial de la ATF, destacó que la administración de Donald Trump ha ordenado aplicar una política de “mano dura” para desmantelar las redes que facilitan este flujo ilícito, un problema que, según datos del gobierno estadounidense, alimenta la violencia en ambos lados de la frontera.
El anuncio se enmarca en la orden ejecutiva 14157, emitida el 20 de enero de 2025, que designa a cuatro cárteles mexicanos —Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación, Mara Salvatrucha y Tren de Aragua— como organizaciones terroristas extranjeras. Esta medida amplía el marco legal para imponer cargos más severos por delitos como tráfico de armas, drogas, personas, lavado de dinero y otros crímenes transnacionales. Según el Departamento de Justicia, esta designación permite a las autoridades federales utilizar herramientas legales más robustas, similares a las empleadas contra grupos como Al Qaeda, para desarticular estas redes.
Guadalupe Ramírez, director de Operaciones de Campo de la CBP, subrayó que el tráfico de armas no es solo una violación fronteriza, sino un “acto directo de apoyo al terrorismo” que pone en riesgo la seguridad nacional e internacional. Ramírez afirmó que la CBP empleará todas las herramientas disponibles para evitar que las armas lleguen a los cárteles, aunque no especificó qué tecnologías o métodos se implementarán. Datos del ATF revelan que entre 2016 y 2021, aproximadamente el 70% de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provenían de Estados Unidos, lo que subraya la magnitud del problema.
Ray Rede, agente especial adjunto de Investigaciones de Seguridad Nacional, enfatizó que el tráfico de armas, a menudo facilitado por compras a través de testaferros o robos, no solo es un delito grave, sino un motor de la violencia que afecta tanto a México como a comunidades estadounidenses. Rede abogó por una mayor coordinación entre agencias de inteligencia y seguridad para desmantelar estas redes, un punto que Iber reforzó al destacar las alianzas interinstitucionales como clave para enfrentar la amenaza de las Organizaciones Criminales Transnacionales (OCT).
Más allá de las armas: resultados en la frontera
Los funcionarios también destacaron logros adicionales derivados del reforzamiento de la seguridad fronteriza. La CBP reportó la intercepción de criminales que intentaban huir de EE.UU., la prevención de secuestros de menores, y la detección de actividades relacionadas con tráfico de drogas, robo de vehículos, delitos financieros e inmigración irregular. Aunque no se proporcionaron cifras específicas durante la conferencia, un informe reciente de la CBP indica que en 2024 se confiscaron más de 700,000 rondas de munición y cerca de 1,200 armas en la frontera suroeste, un aumento del 15% respecto al año anterior.
La designación de cárteles como organizaciones terroristas ha generado debate. Por un lado, defensores de la medida argumentan que otorga a EE.UU. mayor capacidad para congelar activos, perseguir redes financieras y disuadir el tráfico de armas. Sin embargo, críticos, incluyendo algunos analistas de seguridad, advierten que esta clasificación podría complicar la cooperación con México, donde el gobierno ha rechazado previamente esta narrativa por considerarla una injerencia en su soberanía. Además, la retórica de “mano dura” podría exacerbar tensiones bilaterales, especialmente si no se acompaña de esfuerzos para abordar la demanda de drogas en EE.UU., que sigue siendo un motor clave de la actividad de los cárteles.
Otro punto de preocupación es la falta de claridad sobre cómo se implementarán estas políticas sin afectar los derechos civiles, particularmente en comunidades fronterizas donde las inspecciones intensivas podrían derivar en abusos. La ausencia de datos concretos sobre los recursos asignados a estas iniciativas también plantea preguntas sobre su viabilidad a largo plazo.
La estrategia de EE.UU. refleja un enfoque más agresivo para frenar el tráfico de armas y debilitar a los cárteles, pero su éxito dependerá de la coordinación efectiva, tanto interna como con México, y de un equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos humanos. La designación de los cárteles como terroristas marca un punto de inflexión, pero sus implicaciones prácticas y diplomáticas aún están por verse.