CDMX.- Las autoridades ya tienen el nombre y el documento: Miguel Ángel Esqueda Romero, el abogado al que Jorge Amílcar Olán Aparicio le otorgó un poder general para pleitos y cobranzas el 23 de junio de 2025 en la Notaría Pública número 4 de Villahermosa. El periodista Claudio Ochoa Huerta difundió los papeles. No es un hallazgo nuevo. En enero, el mismo reportero había documentado que Amílcar exigía comisiones a exsocios de contratos millonarios y, cuando se negaban, los denunciaba por fraude, lavado de dinero, secuestro e intento de homicidio. Esqueda firmaba esas denuncias ante la Fiscalía de Tabasco.
El empresario tabasqueño, cercano a Andy y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, acumuló contratos de medicamentos a través de Romedic (cientos de millones con recursos del extinto Insabi en Tabasco y Quintana Roo), suministro de balasto para el Tren Maya y operaciones inmobiliarias. También se le ha señalado en audios por vínculos de su entorno con células del CJNG en el negocio del material pétreo. Hoy está fuera del país, y reportes periodísticos mencionan una cuenta en Suiza por el equivalente a más de 1,400 millones de pesos bajo la lupa de la UIF. Víctor Hugo Rosales aparece como otro operador identificado en la red.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República y la secretaria de Hacienda han sostenido públicamente que no existe una investigación formal activa contra Olán. “No, no hay nada”, respondió Ernestina Godoy cuando la cuestionaron. Documentos notariales, denuncias firmadas y reportajes de meses se acumulan mientras el expediente permanece prácticamente vacío. No es un círculo que se cierre: es uno que las instituciones se niegan a abrir. Mientras el poder político que lo cobijó sigue intacto, la red opera con nombres, poderes y firmas a la vista de todos, y la justicia opta por no verlos.
