Tabasco.- Un tribunal colegiado confirmó este 10 de noviembre que no procede el amparo que Hernán Bermúdez Requena interpuso desde el penal del Altiplano para frenar una eventual extradición a Estados Unidos. Los magistrados declararon infundada la queja por unanimidad: el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez desechó el recurso el 9 de marzo porque no existía —ni existe— una solicitud formal de entrega por parte de Washington. El amparo no sirve contra rumores de custodios ni notas periodísticas; exige un acto concreto e inminente. Bermúdez, alias “El Abuelo” o “Comandante H”, exsecretario de Seguridad de Tabasco y señalado como líder de La Barredora, sigue preso por procesos locales (desaparición forzada, secuestro, asociación delictuosa), no por un pedido estadounidense.
El detalle revela la debilidad de fondo. Un exfuncionario con presuntos nexos criminales operó durante años bajo el gobierno de Tabasco, fue detenido en Paraguay en 2025 y regresado a México, y aún así los expedientes avanzan a paso de tortuga. Mientras tanto, la defensa invoca el temor a Estados Unidos —que ni siquiera ha pedido su extradición— como si la justicia federal mexicana fuera incapaz de sostener sus propios casos. La Barredora, vinculada a extorsión, huachicol y violencia en la región, no surgió en el vacío: creció mientras Bermúdez ocupaba un cargo de seguridad pública. Que el tribunal rechace un recurso especulativo es correcto; que el sistema no haya cerrado con firmeza los procesos locales contra quien controló la policía estatal es el verdadero fracaso.
Esto no acerca automáticamente la extradición. Solo confirma que, sin un pedido formal de Estados Unidos, la vía del amparo era improcedente. El caso de Bermúdez expone una constante: operadores de alto nivel con protección política enfrentan juicios eternos en México y solo temen cuando se menciona el norte. Mientras La Barredora y sus estructuras sigan sin desmantelarse de raíz, el desecho de un amparo es apenas un trámite, no justicia.