El Alcalde de Teuchitlán: ¿Cómplice o Chivo Expiatorio del CJNG?
Según la FGR, Murguía no solo sabía de las actividades en el Rancho Izaguirre, sino que era una pieza activa en su operación, recibiendo supuestamente 70 mil pesos mensuales del CJNG
Jalisco.- En un caso que sacude a Jalisco, José Ascensión Murguía Santiago, alcalde de Teuchitlán, enfrenta graves acusaciones por su presunta colaboración con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en las operaciones del Rancho Izaguirre, un predio señalado como centro de reclutamiento forzado, desapariciones y violencia extrema. Detenido el 3 de mayo de 2025, Murguía, del partido Movimiento Ciudadano, fue imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por delincuencia organizada y desaparición forzada, delitos que lo vinculan directamente con uno de los episodios más oscuros de la región. Pero, ¿es realmente un engranaje clave del CJNG o un peón sacrificado en un juego político más amplio?
El epicentro del horror: Rancho Izaguirre
El Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, a unos 60 kilómetros de Guadalajara, emergió como un símbolo de la barbarie del CJNG tras el hallazgo de restos óseos, ropa y más de 200 pares de zapatos por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco el 5 de marzo de 2025. Aunque la Guardia Nacional intervino el predio en septiembre de 2024, no fue hasta la acción de las madres buscadoras que se destapó su uso como campo de adiestramiento y posible crematorio clandestino. La FGR sostiene que el CJNG, bajo la supervisión de figuras como José Gregorio Lastra, alias "El Comandante Lastra", reclutaba jóvenes mediante engaños o secuestros, obligándolos a fabricar drogas, entrenarse como sicarios e incluso consumir carne humana como parte de un proceso de deshumanización. Testimonios de víctimas rescatadas el 29 de enero de 2025 en el cercano Rancho La Vega —donde se liberaron 36 personas— confirman torturas sistemáticas y ejecuciones selectivas.
El papel de Murguía: Acusaciones y contradicciones
Según la FGR, Murguía no solo sabía de las actividades en el Rancho Izaguirre, sino que era una pieza activa en su operación, recibiendo supuestamente 70 mil pesos mensuales del CJNG para permitir su funcionamiento. Testigos lo sitúan en el predio junto a "El Comandante Lastra", ordenando actos macabros como el depósito de órganos humanos en fosas. La fiscalía lo acusa de autor material de los crímenes, alegando que seleccionaba víctimas para ser trasladadas o eliminadas. Estas imputaciones, presentadas en la audiencia del 5 de mayo en Puente Grande, han generado escepticismo. ¿Cómo un alcalde de un municipio pequeño como Teuchitlán, con recursos limitados, pudo coordinar una operación tan sofisticada sin alertar a otras autoridades?
Murguía, quien ha gobernado Teuchitlán en tres periodos (2012-2015, 2021-2024 y desde 2024), negó previamente conocer el rancho y se dijo dispuesto a ser investigado. En marzo, tras los hallazgos iniciales, afirmó que el predio era ejidal y que no tenía registro en el catastro municipal, desvinculándose de cualquier responsabilidad. Sin embargo, la FGR sostiene que su omisión y presunta complicidad datan de años, coincidiendo con el crecimiento del CJNG en Jalisco.
Contexto político: ¿Cortina de humo o red de complicidades?
El caso no está exento de sombras políticas. Jalisco, bastión de Movimiento Ciudadano, ha sido señalado por analistas como David Saucedo por la infiltración del CJNG en gobiernos locales, con alcaldes que habrían recibido financiamiento del narco para campañas a cambio de ceder el control de policías y operaciones. La detención de Murguía, apenas meses tras su reelección, ha levantado sospechas de que podría ser un "chivo expiatorio" para desviar la atención de redes más amplias. Legisladores del PAN han exigido investigar posibles complicidades institucionales, mientras Movimiento Ciudadano pide imparcialidad. El gobernador Pablo Lemus, también de MC, ha respaldado la investigación, pero su orden directa de trasladar víctimas al penal para "identificación" ha sido criticada por colectivos como una maniobra para controlar la narrativa.
La FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, ha enfrentado cuestionamientos por su manejo del caso. Inicialmente, Gertz negó la existencia de crematorios en el rancho, contradiciendo a Guerreros Buscadores, y la fiscalía estatal fue acusada de negligencia en las primeras diligencias de 2024. La ONU ha calificado como "perturbador" que las autoridades no detectaran evidencias antes, exigiendo una investigación transparente.
Una verdad a medias
El caso de Teuchitlán refleja la complejidad de la crisis de violencia y desapariciones en México, con más de 15 mil personas desaparecidas solo en Jalisco. La detención de Murguía, aunque significativa, parece apenas rozar la superficie de una red que involucra a autoridades, crimen organizado y silencios cómplices. Las acusaciones contra el alcalde son graves, pero la falta de claridad sobre el alcance de su involucramiento y la politización del caso invitan a la cautela. ¿Es Murguía un operador clave del CJNG o una víctima de un sistema que necesita culpables visibles? La verdad, como los restos en el Rancho Izaguirre, sigue enterrada bajo capas de intereses y omisiones.