Sonora.- La Mesa de Unidad por la Democracia (PAN, PRI, PRD y Somos) acaba de poner el dedo en la llaga: el Tribunal Estatal Electoral de Sonora está minado por gente que trabajó bajo las órdenes de Guadalupe Taddei o de su hijo Luis Rogelio Piñeda Taddei. La magistrada presidenta Alejandra Velarde Félix fue coordinadora del área de Presidencia del IEE cuando Taddei lo encabezaba; la secretaria general Aurora Guadalupe Gutiérrez Ramírez salió de la Consejería Jurídica estatal que dirigía el hijo de la ex presidenta del INE; y dos proyectistas (René Domínguez Acuña y Antonio Gutiérrez) fueron representantes de Morena en el proceso anterior.
No es un chisme. Es la continuación de la denuncia que los mismos partidos presentaron hace dos semanas en el IEE, donde documentaron la red familiar y laboral que opera entre el INE local, el instituto estatal y ahora el tribunal. Piñeda Taddei pasó de la Consejería Jurídica a ser secretario particular de Alfonso Durazo; mientras tanto, contratos de material electoral por alrededor de 187 millones de pesos y nombramientos de funcionarios cercanos al círculo Taddei siguen sin auditoría seria.
Esto no es “aparencia de imparcialidad”: es captura del árbitro. Con elecciones de 2027 a la vuelta de la esquina, dejar que quien diseñó proyectos para Morena o quien subordinó a la familia Taddei resuelva las impugnaciones es garantizar que el juego ya esté arreglado antes de que empiece. Transparencia total ya no alcanza: se necesita separar a estos perfiles o el Tribunal de Sonora dejará de ser tribunal.





