CDMX.- Jonathan Navarrete Torres, conductor de la presidenta del INE Guadalupe Taddei desde el 15 de abril de 2025, figura desde el 28 de junio de 2023 como apoderado legal de Corporativo Zeg. Recibió entonces un poder general para pleitos y cobranzas de parte de Rodolfo Higareda Coen, según acta del Registro Público de Comercio. En su declaración patrimonial de junio de 2026 reportó un sueldo de 45 mil 765 pesos mensuales y solo mencionó un empleo previo como chofer en Mercedes-Benz; omitió el vínculo con la empresa. Zeg y la relacionada Cajas Graf —de los hermanos Alfredo y Raymundo Hernández— entraron al Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, dos meses después de que Taddei asumiera la presidencia, y se han convertido en principales proveedoras de materiales electorales.
La UIF investigó a Zeg por presuntos vínculos con el crimen organizado y congeló cuentas de ambas firmas; la ASF las revisó por posibles irregularidades y la Cofece abrió expediente por prácticas monopólicas en 2024. Jesús Octavio García González, representante legal de las empresas en 2023, fue director de Administración del INE bajo Taddei hasta abril de 2026. En Oaxaca, Iliana Araceli Hernández Gómez otorgó a Zeg un contrato de 32 millones de pesos y luego pasó a la Unidad de Género del instituto; en Chihuahua, Claudia Arlett Espino asignó 33.9 millones a Cajas Graf en 2021 y después llegó a la Secretaría Ejecutiva con respaldo de Taddei. Los contratos locales en Sonora, Oaxaca y Chihuahua preceden a su gestión nacional, pero la cercanía se repite.
Esto no es un simple chofer con un poder notarial antiguo. Es la punta de una red de proveedores que concentran contratos millonarios del árbitro electoral mientras enfrentan indagatorias formales por lavado, monopolio y prácticas ilícitas. El INE bajo Taddei —figura alineada con la 4T— acumula nombramientos de personas vinculadas a esas empresas en puestos clave de administración y operación. Cuando el chofer de la presidenta puede representar legalmente a un proveedor investigado y el director de Administración sale de la misma órbita, la independencia del órgano deja de ser un principio y se convierte en una afirmación que los registros públicos desmienten. La opacidad en las declaraciones y la secuencia de designaciones no requieren inventar delitos; bastan los documentos para cuestionar si el árbitro electoral sigue siendo autónomo o ya opera con conflictos de interés estructurales.
