EU.- El exfiscal y excomandante policial de Chihuahua, Guillermo Zuany Portillo, se encuentra prófugo en Estados Unidos bajo protección del gobierno estadounidense después de facilitar durante más de seis meses la participación de agentes de la CIA en operativos, entrenamientos y misiones contra cárteles en el estado, según una investigación del New York Times publicada en los últimos días. Su visa estadounidense había sido revocada previamente por sospechas de vínculos con los mismos grupos criminales; se la devolvieron a cambio de la colaboración. El caso quedó expuesto tras el accidente de abril de 2026 en el que murieron dos agentes de la CIA y dos funcionarios mexicanos al regresar de desmantelar un laboratorio de metanfetamina, operación que el gobierno federal de Claudia Sheinbaum asegura no autorizó ni conoció.
El episodio revela una cooperación bilateral que, en la práctica, se salta las reglas que la propia administración mexicana dice imponer. Mientras Sheinbaum ha insistido en que no hay operaciones de fuerzas extranjeras en territorio nacional y que la cooperación se limita a inteligencia, el reportaje documenta que agentes de la CIA acompañaron a unidades estatales armadas, revisaron dispositivos incautados y participaron en redadas. Al mismo tiempo, el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, enfrenta cargos de traición a la patria por permitir la presencia de esos agentes sin autorización federal. El resultado es un mensaje contradictorio: se castiga al funcionario que facilitó el operativo visible, pero el colaborador principal de la CIA encuentra refugio y protección en el país que lo reclutó.
Esta dinámica no es nueva, pero el caso de Zuany la expone con particular crudeza. Estados Unidos obtiene acceso operativo y protección para sus socios locales; México carga con el costo político y judicial cuando algo sale mal o se filtra. Que un funcionario investigado por posibles nexos con el narco reciba visa restaurada y, al final, amparo estadounidense, mientras su superior enfrenta cargos de traición, deja claro quién marca las reglas reales de la “cooperación” contra los cárteles y quién se queda con las consecuencias.