CDMX.- Una investigación de Azteca Noticias documenta irregularidades graves en el doctorado en Derecho Constitucional que la ministra Lenia Batres presume haber obtenido en la Universidad Tepantlato. El RVOE 20121434 de la SEP, otorgado en 2012, autoriza únicamente la modalidad escolarizada (presencial). Sin embargo, Batres lo cursó completamente en línea —con cuotas de unos 2.392 pesos mensuales y sesiones de cuatro horas los sábados—, sin que la institución cuente con permiso para ofrecerlo a distancia. El plantel, en la colonia Roma, mostró pasillos vacíos durante la visita de los reporteros y se negó a mostrar aulas. En el acta del tercer cuatrimestre aparece con “NP” (No Presentó) en la materia “Temas selectos del derecho constitucional mexicano”, mientras sus compañeros obtuvieron 10; ello contrasta con el promedio de 9.6 que ella misma reportó ante el INE. Ni el título ni sus declaraciones mencionan tesis o examen de grado, y Tepantlato no figura en el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad.
Ante la publicación, Batres afirmó en X que “no tiene ninguna irregularidad” y amagó con demandar a TV Azteca por difamación. Al mismo tiempo, acudió al segundo informe de labores del diputado federal de Morena Emiliano Álvarez en la alcaldía Gustavo A. Madero, evento que ella misma difundió y que refuerza las críticas a la autonomía del Poder Judicial reformado. La respuesta de la ministra no aclara la discrepancia entre el RVOE y la modalidad cursada, ni explica cómo se acreditó la materia con NP, ni por qué se titula sin constancia pública de tesis o examen.
El caso no es un detalle burocrático: una ministra de la Suprema Corte que defiende un título obtenido en condiciones que la propia SEP no autorizó, que no acredita materias centrales de su especialidad y que participa abiertamente en actos partidistas de Morena, expone la fragilidad de la credibilidad del tribunal. Cuando la respuesta institucional es amenazar con demandas en lugar de transparentar documentos y autorizaciones, la duda deja de ser solo sobre un doctorado y se convierte en una interrogante sobre la seriedad del máximo órgano de justicia del país.



