El escándalo de Segalmex suma un nuevo capítulo: Detienen a exdirectivo de Liconsa por fraude millonario
El caso de Buentello no solo expone fallas administrativas, sino también redes de influencia que alcanzan al círculo cercano del expresidente
CDMX.- La detención de Hugo Buentello Carbonell, exsubdirector de Operaciones de Liconsa durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, marca un nuevo episodio en el caso de corrupción que envuelve a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), una de las instituciones insignia del gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación. Según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Buentello fue arrestado el 11 de abril de 2025 por su presunta participación en un esquema de fraude que involucró contratos millonarios por leche que nunca fue entregada, en un caso que ya se perfila como uno de los mayores escándalos de corrupción del sexenio pasado.
Un caso que no termina de cerrar heridas
Segalmex, creado en 2019 para coordinar las funciones de Liconsa y Diconsa con el objetivo de garantizar el abasto de alimentos básicos a precios accesibles, ha sido señalado desde 2020 por irregularidades que, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), podrían superar los 20 mil millones de pesos en desvíos y malos manejos entre 2019 y 2021. Este monto duplica el daño patrimonial de la "Estafa Maestra" del sexenio de Enrique Peña Nieto, un caso que López Obrador usó como bandera contra la corrupción de administraciones anteriores. Sin embargo, el caso Segalmex ha puesto en entredicho el discurso de la 4T sobre la erradicación de prácticas corruptas.
Buentello, detenido al salir de la embajada de Estados Unidos en México, está acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Durante su gestión en Liconsa (2019-2021), firmó contratos por 320 millones de pesos con ILAS México, una empresa señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2019 por lavado de dinero mediante exportaciones de alimentos a Venezuela. Además, autorizó un contrato por 86 millones de pesos con Grupo Vicente Suárez 73 SA de CV para adquirir 50 mil bolsas de leche en polvo, de las cuales no hay evidencia de entrega. Estos contratos son solo la punta del iceberg en una red de irregularidades que incluye empresas fantasma, compras simuladas y desvíos a proyectos inmobiliarios de lujo.
Contexto: Una institución bajo fuego
Segalmex fue concebida como la "nueva Conasupo", un organismo que rescataría el campo mexicano y aseguraría la autosuficiencia alimentaria. Sin embargo, su estructura administrativa, heredada de Liconsa y Diconsa, carecía de controles robustos, lo que facilitó la improvisación y el descontrol. La ASF ha documentado que de 9,500 millones de pesos en irregularidades detectadas, solo 4,700 millones fueron aclarados, mientras que 2,700 millones se consideran desviados. El resto sigue bajo revisión, pero la magnitud del daño ya ha llevado a la detención de figuras clave como René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, y ahora Buentello.
El caso también ha levantado sospechas por la protección aparente de Ignacio Ovalle, exdirector de Segalmex y amigo cercano de López Obrador desde los años 70. A pesar de que los fraudes ocurrieron bajo su gestión, Ovalle no enfrenta cargos y fue reubicado como titular del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed). López Obrador ha defendido públicamente a Ovalle, argumentando que fue "engañado" por subordinados, un discurso que contrasta con su promesa de "barrer la corrupción de arriba hacia abajo".
Conexiones incómodas y redes de poder
El caso de Buentello no solo expone fallas administrativas, sino también redes de influencia que alcanzan al círculo cercano del expresidente. Un reportaje de Latinus reveló que Buentello pertenece a un grupo de amigos de Andrés Manuel López Beltrán, hijo de López Obrador, quienes habrían obtenido contratos millonarios en obras de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Su empresa, Industrias Wohl (titular de la marca "Grava y Arena"), proveyó mobiliario urbano para proyectos como el estadio de los Olmecas de Tabasco y el Malecón de Villahermosa, lo que sugiere un posible tráfico de influencias.
Además, las investigaciones de MCCI han destapado vínculos con empresas fachada y operaciones opacas. Por ejemplo, contratos por 797 millones de pesos fueron otorgados a una red de seis empresas que incumplieron con la entrega de pesticidas y materiales agrícolas, y cuyos beneficiarios ahora desarrollan proyectos inmobiliarios de lujo en Yucatán. Otro caso involucra a Comercializadora de Productos Lácteos de la Laguna (Coprolac), que recibió convenios millonarios para el secado de leche, pero cuyos estados financieros muestran irregularidades y pérdidas.
Un análisis crítico: ¿Excepción o regla?
El gobierno de López Obrador ha insistido en que el caso Segalmex es una "excepción" en su lucha contra la corrupción, pero los números y las detenciones sugieren lo contrario. La falta de controles internos, la designación de funcionarios con antecedentes cuestionables y la protección de figuras cercanas al poder político apuntan a problemas sistémicos que no se resolvieron con el cambio de régimen. La reubicación de Ovalle y la lentitud de la Fiscalía General de la República (FGR) para procesar a los responsables de alto nivel alimentan la percepción de impunidad selectiva.
Por otro lado, el trabajo de organizaciones como MCCI ha sido clave para visibilizar estas irregularidades, a pesar de las críticas del expresidente hacia la sociedad civil. Sin sus investigaciones, es probable que el caso Segalmex hubiera permanecido en la sombra, como tantos otros en la historia de México. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿será suficiente con detener a funcionarios de segundo nivel como Buentello, o se llegará al fondo de una red que parece involucrar a actores más poderosos?.
El futuro de Segalmex y la 4T
Con la llegada de Claudia Sheinbaum al poder, Segalmex será fusionado con Diconsa para crear "Alimentación para el Bienestar", en un intento de corregir las fallas administrativas y recuperar la confianza en el proyecto. Sin embargo, el daño ya está hecho: miles de millones de pesos destinados a los más vulnerables se esfumaron, y la promesa de una transformación libre de corrupción ha quedado en entredicho.
La detención de Buentello es un paso, pero no el final. Mientras las investigaciones no alcancen a los peces gordos y las instituciones no se fortalezcan con transparencia y rendición de cuentas, el caso Segalmex seguirá siendo una mancha imborrable en el legado de la 4T. Como ciudadanos, toca exigir que la justicia no se detenga en los eslabones más débiles y que el combate a la corrupción sea, de una vez por todas, más que un eslogan.