CDMX.- Tres días antes de dejar el Centro Nacional de Inteligencia, el 27 de septiembre de 2024, el general en retiro Audomaro Martínez Zapata firmó la resolución CNI/CT/080/24/01. Con esa firma reservó por cinco años su declaración patrimonial y la de todo el personal del CNI. El dato no sale de un rumor: lo documentó El Universal. Hasta septiembre de 2029 esos bienes no podrán consultarse en Declaranet ni en el SIPOT. El argumento oficial es seguridad nacional: si el crimen identifica a quien trabaja en inteligencia, podría amenazar o extorsionar para sacar información de las operaciones.
El problema no es que un aparato de inteligencia proteja nombres y métodos. El problema es el alcance y el momento. Martínez Zapata se blindó a sí mismo, de salida, y de paso tapó a toda la institución. Andrés Manuel López Obrador repetía que quien no publicara su declaración no tenía cabida en la 4T. El jefe de su inteligencia no publicó la suya y, al irse, la metió en una caja fuerte de cinco años. Mientras tanto, la declaración de la presidenta y la de otros funcionarios federales sí están a la vista. La excomisionada del INAI Julieta del Río ya señaló lo obvio: pertenecer a un organismo de seguridad no basta, por sí solo, para esconder el patrimonio bajo el letrero de seguridad nacional.
No hay cifra verificada de lo que Audomaro tiene o dejó de tener. Justo por eso el candado importa. Quien manejó la inteligencia del Estado durante un sexenio se fue sin que el público pueda saber si su patrimonio creció, de dónde salió o con qué se compara. La reserva habla de “riesgo real” para la vida de los funcionarios y sus familias. Nadie discute que ese riesgo existe. Lo que no explica el documento es por qué la solución fue un apagón total, firmado por el propio interesado, 72 horas antes de soltar el cargo. Transparencia de palabra, opacidad de despacho.