CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este martes una reducción del 50% en el promedio diario de homicidios dolosos (de 86.9 en septiembre de 2024 a 43.4 en octubre de 2026), con base en datos del SESNSP, y lo presentó como evidencia contundente de su estrategia. Sin embargo, las cifras definitivas de defunciones del INEGI para 2025 revelan 29,488 homicidios —una baja del 12.1% respecto a los 33,550 de 2024—, mientras el SESNSP reportó apenas unos 23,612 casos. La brecha supera los 5,800 muertos (cerca del 20%), la mayor registrada en años y muy por encima de las discrepancias históricas. El INEGI captura certificados de defunción y registros forenses; el SESNSP depende de carpetas de investigación de las fiscalías. Esa diferencia creciente no es un detalle técnico: es el tamaño de lo que el discurso oficial no quiere contar.
Al mismo tiempo, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del INEGI muestra que en 2025, 1.4 millones de unidades económicas (25.9% del total) sufrieron unos 3 millones de delitos. La extorsión fue el más frecuente, con una tasa de 1,467 por cada 10,000 negocios y 787 mil casos, el 91% por teléfono. El costo total de la inseguridad alcanzó 115.1 mil millones de pesos (0.46% del PIB), y el 14.5% de los negocios canceló inversiones. Guanajuato, Morelos y Tabasco encabezan la percepción de riesgo. Lo más demoledor: la cifra oculta es del 91.8% (solo se denunció el 9.9% y apenas el 8.2% derivó en carpeta). Mientras el Gobierno celebra caídas en homicidios, el crimen organizado sigue cobrando derecho de piso a la economía real con casi total impunidad.
Esta no es una diferencia de metodologías inocente. Es la distancia entre el relato de “paz” que se vende en Palacio Nacional y la realidad que viven comerciantes, dueños de talleres y empresas medianas: extorsionados, sin denunciar porque no confían en las fiscalías y pagando un impuesto criminal que no aparece en las gráficas del SESNSP. La baja real de homicidios existe según el INEGI, pero es menor, está concentrada y coexiste con un aparato de impunidad intacto para el delito que más destruye la actividad económica. Presumir un 50% mientras se esconde casi una quinta parte de los muertos y se ignora que nueve de cada diez delitos contra negocios quedan sin investigación no es transparencia: es propaganda.
