El fantasma de los megaproyectos: Jaime Bonilla, inhabilitado por tres años en Baja California
El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa sancionó al exgobernador (2019-2021) por adjudicar sin permiso federal un contrato de 123 mdp con la empresa Next Energy
Baja California.- En un golpe que sacude las aguas turbulentas de la política bajacaliforniana, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) ha inhabilitado por tres años al exgobernador Jaime Bonilla Valdez para ocupar cargos públicos, por el uso ilícito de atribuciones en el fallido megaproyecto de una planta fotovoltaica. Bonilla, quien gobernó el estado de 2019 a 2021 en un interinato marcado por la controversia —recordemos que su mandato se acortó tras una batalla legal en la Suprema Corte—, impulsó esta iniciativa con la empresa Next Energy, prometiendo energías renovables para el desierto de Mexicali. Sin embargo, el sueño verde se torció desde el principio: el contrato, adjudicado sin el permiso federal indispensable de la Secretaría de Energía, fue calificado como “leonino” por la actual administración de Marina del Pilar Ávila, quien lo canceló al asumir en 2021.
Las irregularidades no fueron un detalle menor. El proyecto, financiado con 123 millones de pesos públicos a través de un fideicomiso estatal, carecía de estudios de impacto ambiental y viabilidad técnica, lo que derivó en sanciones administrativas contra al menos seis exfuncionarios de la era Bonilla. Gracias a la intervención de la Secretaría de Honestidad y Función Pública, se recuperaron 172 millones de pesos —el monto original más rendimientos—, un alivio para las arcas estatales en medio de la pospandemia. Ávila, en su conferencia matutina del 9 de diciembre, confirmó la notificación y subrayó que su gobierno ha presentado más de una docena de denuncias penales contra el bonillismo desde 2023, incluyendo sobreprecios en compras de salud durante el COVID-19.
Pero ¿es esto justicia o revancha interna en Morena? Bonilla, fiel a su estilo combativo en redes, aún no responde públicamente, aunque puede apelar la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este caso se suma a un patrón de sombras en su legado: desde acusaciones de peculado hasta disputas con Ávila por el control del partido. En Baja California, donde la transición energética choca con la opacidad política, este fallo podría frenar ambiciones futuras de Bonilla, pero también enciende alertas sobre cómo los gobiernos salientes dejan minas financieras a los entrantes. La pelota está en la cancha de los tribunales superiores.