EU.- El 22 de febrero de 2025, el mismo día en que Elon Musk anunció en X que los empleados federales debían listar lo que habían hecho esa semana —y que no responder equivaldría a una renuncia—, el entonces agente especial del FBI Kevin Gounaud pidió por correo interno abrir una investigación penal contra funcionarios de la OPM y contra el propio Musk. El senador Chuck Grassley hizo público ese mensaje este martes, en plena comparecencia del director del FBI, Kash Patel. Gounaud no se anduvo con rodeos: quería un “criminal 58 matter”, acusó a Musk de conspirar para que miles de funcionarios transmitieran información sensible fuera del “need to know”, de usar “Twitter” para asuntos oficiales y de lucrarse con ello, y hasta comparó el caso con el servidor privado de Hillary Clinton. Cerró con una frase que lo dice todo: “And no, I’m not kidding”.
El contexto importa. El correo de la OPM pedía “aprox. 5 bullets” y advertía expresamente no incluir clasificados, enlaces ni adjuntos; la amenaza de despido la lanzó Musk en X, no el mensaje institucional. El propio FBI, bajo Patel, ordenó a su gente pausar las respuestas. Gounaud, con dos décadas en la oficina, ofreció redactar la apertura del caso y buscar fiscal, o mandarlo al inspector general. No hay indicios de que la investigación se haya abierto. Él dejó el Buró después; Musk salió de DOGE meses más tarde y la iniciativa de los “cinco logros” acabó desinflándose.
Lo revelador no es solo el contenido jurídico —forzado, por decir lo menos—, sino el reflejo institucional: un agente federal vio un delito en pedir a burócratas que rindieran cuentas de su semana. Grassley lo usa ahora para sostener que parte del FBI siguió tratando a Musk y a Trump como objetivo. El documento no prueba un crimen; prueba otra cosa más incómoda: hasta dónde algunos estaban dispuestos a estirar el Código Penal para frenar una orden política que les resultaba intolerable.