¿El fin de las pensiones del IMSS? La verdad detrás de la polémica reforma que deja fuera a millones
El IMSS no está “eliminando” las pensiones, como algunos titulares sensacionalistas sugieren, sino que está aplicando la normativa vigente
CDMX.- En un anuncio que ha generado incertidumbre y debate, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que, a partir de 2025, un grupo significativo de adultos mayores no podrá acceder a las pensiones tradicionales bajo el régimen que muchos esperaban. La noticia ha sido interpretada por algunos como el “fin de las pensiones”, pero el panorama es más complejo. Este cambio, lejos de ser un capricho administrativo, responde a una reforma estructural que lleva décadas gestándose y que ahora impacta directamente a millones de trabajadores mexicanos. ¿Qué está pasando realmente y quiénes son los afectados? Analicemos los hechos con rigor.
Contexto: Dos regímenes, dos realidades
En México, el sistema de pensiones del IMSS opera bajo dos marcos legales distintos: la Ley 73, aplicable a quienes cotizan antes del 1 de julio de 1997, y la Ley 97, que rige a quienes se incorporaron después de esa fecha. La Ley 73 ofrecía un esquema más generoso, con pensiones calculadas según el salario y las semanas cotizadas, financiadas por un fondo colectivo. En cambio, la Ley 97, resultado de una reforma neoliberal en los noventa, introdujo un sistema de cuentas individuales gestionadas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), donde el monto de la pensión depende exclusivamente del ahorro acumulado por el trabajador y los rendimientos generados.
La noticia reciente se centra en los trabajadores bajo la Ley 97, quienes, según el IMSS, no recibirán una pensión directa del Instituto como ocurría con el régimen anterior. En su lugar, deberán optar por dos modalidades: una renta vitalicia, contratada con una aseguradora privada, o un retiro programado, donde el ahorro en la Afore se distribuye hasta que se agote. Ambas opciones dependen del saldo acumulado en la cuenta individual, lo que en muchos casos resulta en pensiones significativamente más bajas que las del régimen de la Ley 73.
¿Por qué ahora y quiénes quedan fuera?
La transición al sistema de Afores no es nueva; fue aprobada en 1997 con el argumento de que el modelo anterior era insostenible ante el envejecimiento poblacional y el crecimiento de la fuerza laboral. Sin embargo, la implementación de la Ley 97 ha mostrado fallas estructurales: los bajos salarios, la informalidad laboral (que afecta al 55% de los trabajadores mexicanos, según el INEGI) y las comisiones de las Afores han resultado en ahorros insuficientes para garantizar pensiones dignas. En 2025, los primeros trabajadores que cotizaron íntegramente bajo este régimen están alcanzando la edad de retiro, y el contraste con las pensiones de la Ley 73 es evidente.
El IMSS no está “eliminando” las pensiones, como algunos titulares sensacionalistas sugieren, sino que está aplicando la normativa vigente. Los afectados son principalmente:
Trabajadores que comenzaron a cotizar después del 1 de julio de 1997.
Aquellos con bajos ingresos o trayectorias laborales intermitentes, cuyos ahorros en Afores no alcanzan para una renta vitalicia decente.
Adultos mayores que no cumplan con los requisitos mínimos de cotización (750 semanas, equivalentes a unos 14 años) para acceder a una pensión garantizada.
Crítica: Un sistema desigual y promesas insuficientes
El sistema de Afores ha sido criticado por priorizar los intereses de las administradoras privadas sobre los de los trabajadores. Según un informe de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) de 2024, el promedio de ahorro en las Afores es de apenas 90,000 pesos por trabajador, insuficiente para una pensión que cubra necesidades básicas. Además, la inflación, que en 2024 alcanzó el 4.76%, erode el valor de los ahorros, y las pensiones ajustadas por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) suelen quedar rezagadas.
El gobierno federal ha intentado mitigar estas carencias con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado en 2024, que promete complementar las pensiones hasta un tope de 17,484 pesos mensuales para algunos beneficiarios. Sin embargo, este fondo, financiado parcialmente con cuentas inactivas de Afores, solo aplica a quienes cotizaron después de 1997, tramitaron su retiro bajo la Ley 97 y reciben pensiones por debajo del promedio salarial registrado por el IMSS (16,777 pesos en 2025). Además, su implementación ha sido lenta, y los requisitos excluyen a muchos.
Por otro lado, la narrativa oficial que celebra los incrementos en las pensiones (como el supuesto aumento del 100% para ciertos beneficiarios) omite que estos beneficios no son universales y están sujetos a condiciones estrictas. Por ejemplo, las asignaciones familiares, que pueden incrementar hasta un 35% las pensiones de la Ley 73, no aplican a los jubilados de la Ley 97, profundizando la brecha entre ambos regímenes.
Impacto social y político
La reforma de 1997, impulsada bajo el gobierno de Ernesto Zedillo, fue presentada como una solución moderna al problema de las pensiones, pero hoy se revela como una fuente de desigualdad. Mientras los jubilados de la Ley 73 reciben pensiones promedio de 8,404 a 16,777 pesos mensuales, los de la Ley 97 dependen de ahorros que, en el mejor de los casos, garantizan ingresos de 2,000 a 5,000 pesos al mes, según estimaciones de la Consar. Esta disparidad alimenta el descontento social, especialmente en un contexto de alta inflación y precariedad económica.
El gobierno de Morena, que ha promovido el discurso de una “pensión digna”, enfrenta un dilema: revertir las reformas neoliberales requiere recursos fiscales que el país, con un déficit presupuestal proyectado del 5.9% del PIB en 2025, no tiene garantizados. La creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar es un paso, pero su alcance limitado y la falta de una reforma integral al sistema de Afores sugieren que las soluciones estructurales aún están lejos.
Conclusión: Un futuro incierto para los jubilados
La noticia del “fin de las pensiones” no es del todo precisa, pero sí refleja una verdad incómoda: el sistema de pensiones en México está fracturado. Los trabajadores bajo la Ley 97 enfrentan un retiro con ingresos insuficientes, mientras que las promesas de apoyo gubernamental no alcanzan para todos. La solución no pasa por demonizar al IMSS, que opera bajo las reglas establecidas, sino por exigir una reforma que priorice a los trabajadores sobre los intereses financieros. Hasta entonces, millones de adultos mayores seguirán navegando un sistema que les promete estabilidad, pero les entrega incertidumbre.
Para más información, consulta el sitio oficial del IMSS (www.imss.gob.mx) o la página de la Consar (www.consar.gob.mx).