Guerrero.- Un menor grabó un video en el que le pide directamente a presuntos integrantes de La Familia Michoacana que liberen a su padre, Domingo Atanacio Quirino, de 50 años. “Les pido por favor que lo suelten, es un campesino y díganos dónde está para ir a traerlo. Está enfermo, por favor tráiganmelo con vida. Es un campesino, no es de pleito”, dice el niño. Es el único de los ocho pobladores del Ejido El Balcón, en Ajuchitlán del Progreso, que no ha reaparecido desde el secuestro del 24 de septiembre, cuando hombres armados los interceptaron en La Lajita mientras iban al campo o a pastorear.
El 1 de octubre los captores liberaron a un niño de 12 años, Jordi Alberto Atanacio Vidal, con el mensaje de que soltarían al resto solo si la comunidad cedía el control de sus tierras y el libre tránsito en la sierra. El 16 de octubre, militares localizaron con vida a otros seis —entre ellos un adolescente de 17 años y un adulto de 75— cerca de Puerto Grande. La comunidad insiste en que “fueron liberados, no rescatados”, y no se han reportado detenciones. Domingo, dedicado al manejo forestal comunitario, es el único que falta y la familia exige que las autoridades redoblen la búsqueda.
Que un niño tenga que dirigirse a un cártel para pedir por la vida de su padre enfermo no es un “caso aislado”: es la prueba de que en esa sierra el Estado no manda. Después de casi un mes de secuestro colectivo, de un mensaje explícito de control territorial y de liberaciones que parecen concesiones del crimen, no hay responsables identificados ni control real del territorio. Las “localizaciones” que se presentan como logros no ocultan lo evidente: cuando las familias terminan negociando con los criminales, la autoridad ya renunció.