CDMX.- Familias y colectivos de búsqueda firmaron una carta pública este 19 de octubre en la que cuestionan frontalmente la nueva revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas impulsada por la Secretaría de Gobernación. Exigen saber quiénes integran el grupo de expertos (nacionales e internacionales) convocado por las autoridades, cuál será la metodología y qué garantías reales de independencia existen. Advierten que, como ocurrió en marzo, el ejercicio puede servir para reclasificar o diluir casos y, en la práctica, “borrar” a sus seres queridos de las cifras oficiales.
La desconfianza no es nueva. En marzo el SESNSP presentó una reclasificación del registro (entonces de 132 mil 534 casos) que separó en tres categorías: datos insuficientes, actividad posterior a la desaparición y casos sin actividad. Colectivos denunciaron entonces falta de metodología transparente y un intento de minimizar la crisis. Ahora, las mismas autoridades anuncian un grupo de expertos —seleccionados por ellas mismas y con acompañamiento de la ONU-DH— para “auditar” el registro, mientras reportan localizaciones recientes. Las familias subrayan que no fueron consultadas y que la independencia es dudosa cuando quienes revisan son elegidos por quienes son revisados.
El patrón es claro: bajo el actual gobierno se insiste en ordenar y depurar las cifras, pero se hace con opacidad y sin participación real de las víctimas. Mientras el país acumula más de 130 mil desaparecidos y la impunidad sigue siendo la regla, las autoridades priorizan el control del relato sobre la búsqueda efectiva. Exigir transparencia y participación no es un capricho; es la respuesta lógica a un Estado que ha demostrado preferir ajustar números antes que enfrentar la magnitud de la tragedia que administra.
