Guanajuato.- La Fiscalía General de la República y las autoridades de Guanajuato anunciaron con bombo y platillo el decomiso “histórico” de 59 millones de litros de combustible en San José Iturbide. Lo presentaron como el mayor golpe al huachicol del sexenio. Horas después, la empresa dueña de la terminal, Gas Natural del Noroeste (Grupo SIMSA), respondió con documentos: opera con permiso federal desde hace nueve años, el producto no es suyo y ya entregó las pruebas de procedencia.
La investigación arrancó el 3 de julio, cuando detuvieron a un chofer que descargaba 33 mil litros de diésel en una gasolinera de San Luis de la Paz sin acreditar origen. De ahí saltaron a un predio de Gas LP en Dolores Hidalgo y, finalmente, a la terminal de La Fragua. Ahí encontraron 33.5 millones de litros de Magna, 7.3 millones de Premium y 18.3 millones de diésel, más tanques, pipas y papelería. Cifra exacta de la FGR: 59 millones 36 mil 870 litros. Equivale a casi 2 mil pipas. No hubo detenidos en el cateo principal.
Gas Natural del Noroeste no se escondió. Dijo que la terminal funciona bajo el permiso PL/19344/ALM/2016, vigente 30 años, más autorizaciones ambientales, de seguridad industrial y ferroviarias. No es dueña del combustible: presta servicio de almacenamiento a empresas usuarias que, según ella, deben acreditar legalidad antes de meter producto. Fuentes de mercado identifican a ExxonMobil, Marathon y Shell entre esos usuarios. La misma terminal la usó Pemex en 2017 para su primera importación de diésel por ferrocarril y sirvió durante el desabasto de 2019.
La FGR insiste en que aún no acredita trazabilidad y habla de posible “huachicol fiscal”. Sheinbaum y Harfuch prometen que vendrán detenciones. Pero el contraste es brutal: anunciaron un golpe contra el crimen organizado en una instalación regulada, con clientes internacionales y nueve años de operación visible, en un estado gobernado por el PAN. El mensaje que quedó flotando es que la Fiscalía de Ernestina Godoy se aventó contra infraestructura privada legal y ahora tiene que explicar si se equivocó o si hay algo más que no quiere decir.
Si el combustible es ilegal, que lo demuestren con rapidez y detengan a quien corresponda. Si no lo es, el “decomiso histórico” se convierte en un operativo torpe que lastima la certeza jurídica y manda una señal peligrosa a inversionistas. Por ahora, lo único claro es que la FGR presumió un triunfo que la empresa ya está desarmando con papeles.
