Sonora.- Representantes del PRI, PAN, PRD y Somos ante el Instituto Estatal Electoral de Sonora acusaron este martes la existencia de una red de funcionarios y personas cercanas a Guadalupe Taddei —que renunció a la presidencia del INE a finales de octubre en medio de investigaciones por contratos, proveedores y posibles conflictos de interés— para favorecer a Morena rumbo a 2027. Señalan como figura central a Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de la expresidenta del INE y actual secretario particular del gobernador Alfonso Durazo, junto con nombres como Marisa Arlene Cabral Porchas (vocal ejecutiva del INE en el estado), Nery Ruiz Arvizu (presidente del IEE) y otros consejeros y funcionarios con vínculos familiares, laborales o personales documentados en reportes previos. Víctor Ramírez, del PAN, y sus contrapartes exigieron separación de cargos, auditorías y que se investiguen las relaciones que, según ellos, buscan condicionar el proceso electoral.
El contexto es elocuente. Taddei salió del INE tras señalamientos de contratos millonarios a empresas vinculadas a su entorno (como las ligadas a José Alfredo Hernández Casillas) y mientras familiares suyos ocupan puestos bien remunerados en gobiernos de Morena, incluido el de Sonora, donde Piñeda Taddei percibe más de un millón de pesos anuales y Durazo lo ha defendido públicamente como nombramiento por “méritos”, no por recomendación, y ha dicho que no lo moverá mientras no haya una investigación que lo vincule a ilegalidad. El gobernador incluso soltó que, si hay “clan Taddei”, él sería “autor intelectual involuntario” por haber impulsado a varios de sus integrantes. Las acusaciones de la oposición no están acreditadas por autoridad electoral, pero tampoco son nuevas: coinciden con reportes de contrataciones recurrentes a los mismos proveedores y de aspirantes a consejos con militancia o cargos morenistas.
Lo que se denuncia no es un detalle local, sino el patrón de una transformación que prometió acabar con los privilegios y termina reproduciendo redes familiares y de confianza en los órganos que deben arbitrar las elecciones. Que el hijo de quien presidió el INE esté en la Secretaría Particular de un gobernador de Morena, mientras se señalan vínculos en el IEE y el INE estatal justo antes de 2027, exige investigación seria y no descalificaciones automáticas ni blindajes por apellido. Si las autoridades no aclaran con transparencia y sin favoritismos, la desconfianza en los procesos electorales no será un invento de la oposición, sino el resultado previsible de la impunidad que se tolera desde arriba.
