CDMX.- En septiembre las autoridades vendieron como el mayor golpe del sexenio el aseguramiento de cerca de 59 millones de litros de combustible en una terminal de Grupo SIMSA en San José Iturbide, Guanajuato. La operación se presentó con bombo y platillo como un golpe contundente al huachicol. Hoy Claudia Sheinbaum admitió lo contrario: la instalación contaba con los permisos correspondientes y el combustible era, en esencia, legal. Solo había irregularidades en el transporte que la empresa resolvió. El anuncio público se hizo semanas después del cateo y sin haber verificado a fondo la documentación.
El resultado fue un fiasco operativo. Por las anomalías en el manejo del caso —incluida la difusión prematura— se destituyó al delegado de la FGR en Guanajuato. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada atrajo la investigación y, tras revisarla, confirmó que no se trataba del mega-huachicol que se había proclamado. Un “error” de esa magnitud, anunciado con tanta contundencia, no puede quedar en una simple corrección de rumbo sin explicación clara de quién asumió la responsabilidad por el espectáculo fallido.
Mientras tanto, los señalamientos que involucran a Andrés Manuel López Beltrán —“Andy”— en redes de huachicol fiscal siguen sin traducirse en una investigación formal de la FGR, pese a menciones en testimonios de otros expedientes y reportes de agencias estadounidenses que examinan las acusaciones. La misma fiscalía que celebró (y luego desmintió) un decomiso histórico de 59 millones de litros no ha encontrado elementos suficientes para indagar al hijo del expresidente. El contraste es evidente: se dispara con prisa contra lo que después resulta legal, mientras los casos que salpican al círculo cercano avanzan con una lentitud que ya resulta difícil de justificar.