CDMX.- Los delitos federales por robo de hidrocarburos pasaron de 425 en 2024 a 1,306 en 2025, un salto del 207 %, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal y Estatal 2026 del Inegi, reportado por Reforma. En el último año de López Obrador el delito había llegado a su nivel más bajo desde 2018 y ocupaba el séptimo lugar entre los delitos federales; en 2025 volvió al podio y se colocó en tercer lugar, solo detrás de armas y materia fiscal.
El discurso oficial lleva años insistiendo en que el huachicol está controlado o en franca retirada. Sin embargo, el propio gobierno de Sheinbaum reconoció en octubre de 2026 inconsistencias por 8 mil 824 millones de litros de combustible (equivalentes a unos 61 mil 785 millones de pesos en IEPS no pagado), mientras Pemex acumulaba más de 10 mil denuncias y se reportaban más de 2 mil 500 detenciones. Los números judiciales no cuadran con la narrativa de victoria: el delito no solo no desapareció, sino que se multiplicó precisamente cuando se proclamaba su contención.
La diferencia entre el huachicol de manguera (tomas clandestinas) y el fiscal (contrabando y evasión) no absuelve al resultado. Mientras se exhiben operativos y decomisos, el Inegi muestra que las causas penales se dispararon. O el problema creció, o la capacidad de perseguirlo se volvió más visible solo después de que el discurso ya lo daba por muerto. En cualquier caso, los datos oficiales desmienten la versión de que el tema estaba resuelto.