CDMX.- La consulta con la que Andrés Manuel López Obrador quiso disfrazar de democracia una campaña de ratificación vuelve a oler a combustible robado. No por un rumor de café: por mensajes que Miguel Meza, de Narcopolíticos, atribuye a los teléfonos de Sergio Carmona Angulo, el “Rey del Huachicol”, asesinado el 22 de noviembre de 2021 en San Pedro Garza García.
En esos chats, la hoy senadora de Morena por Tamaulipas, Olga Sosa, le escribe a Carmona una frase que no admite eufemismos: “Tú traes la revocación de mandato en Tamaulipas. Este fin de semana se toma protesta en Tampico y viene todo el estado”. Después le manda fotos del acto con Gabriela Jiménez Godoy, fundadora de Que Siga la Democracia, la asociación que operó la recolección de firmas y la propaganda del ejercicio.
Esa organización no era un club de vecinos. El INE la multó con 500 mil pesos por presentar cerca de 15 mil firmas de personas muertas para impulsar la consulta. El Tribunal Electoral confirmó sanciones por promoción indebida y por usar la palabra “ratificación” cuando la ley hablaba de revocación. El 10 de abril de 2022 votó apenas el 17.77% del padrón. No hubo efecto jurídico. Sí hubo espectáculo, estructura y caja.
El patrón no es nuevo. Desde 2024, reportajes de Código Magenta y Etcétera documentaron un video en el que Sosa y Jiménez agradecen a Carmona “todo tu apoyo” para la asociación y para las campañas de Morena en Tamaulipas. Los mismos teléfonos del empresario lo sitúan cerca de Américo Villarreal, José Ramón Gómez Leal y Erasmo González. La novedad de hoy no es el nexo: es que una senadora en funciones le reconoce, por escrito, la operación económica de un proceso que el oficialismo vendió como voluntad popular.
Carmona no era un filántropo de frontera. Fue señalado como operador del contrabando de combustible; sus empresas, Permart y Joser, aparecieron en contratos estatales y hasta en pagos de una filial de Pemex ligada al programa “antihuachicol” de 2021. El gobierno que prometió secar la mafia energética terminó, según facturas del SAT documentadas por Raúl Olmos, pagándole millones al hombre al que acusaba de saquearla.
Lo grave no es solo el origen del dinero. Es la hipocresía institucional. Un ejercicio diseñado para “escuchar al pueblo” se sostuvo, al menos en Tamaulipas, con un financiador del mercado negro, una asociación que recicló firmas de muertos y una red política que hoy ocupa el Senado, la Cámara de Diputados y la gubernatura. Ni Sosa ni Jiménez han desmentido con documentos el contenido de esos mensajes. El silencio, aquí, no es prudencia: es cálculo.
La revocación no midió la confianza en el presidente. Midió hasta dónde se puede convertir el crimen en maquinaria electoral y salir impune.