CDMX.- Mientras la confianza ciudadana en el Instituto Nacional Electoral se desploma al 23% según datos de Mitofsky, el organismo enfrenta el escándalo que forzó la renuncia de su presidenta Guadalupe Taddei el 26 de octubre. La Auditoría Superior de la Federación investiga irregularidades en contratos por cientos de millones con proveedores como José Alfredo Hernández Casillas (empresas como Cajas Graf y Corporativo Zeg), triangulaciones, choferes fantasma y vínculos personales y familiares —incluido un viaje de su hijo a París con el empresario—, que han erosionado la imagen del árbitro electoral. Roy Campos, de Mitofsky, advierte de una “guerra de narrativas” donde los vínculos no prueban por sí solos la corrupción, pero el daño ya está hecho y la percepción de opacidad se impone.
La senadora panista Lilly Téllez no se anda con rodeos: acusa que “Morena se robó la mayoría con Taddei”, que la exfuncionaria operó para avalar la sobrerrepresentación del oficialismo y que Sheinbaum intenta desviar la atención del caso. La presidenta, por su parte, ha llamado a “sanear” el INE, ha respaldado auditorías y ha apuntado a irregularidades previas a la gestión de Taddei —incluso durante la de Lorenzo Córdova—, mientras niega que Morena la impusiera. El contraste es brutal: el oficialismo que controla el Congreso y defendió en su momento el perfil de Taddei ahora se distancia, en un contexto donde la credibilidad del árbitro es fundamental para las elecciones intermedias de 2027.
A esto se suma el nuevo tijeretazo: el diputado del PT Reginaldo Sandoval propuso —y se avaló en comisión— un recorte adicional de 618 millones 17 mil 896 pesos al presupuesto del INE para 2027, que se transfieren al programa de Expansión de la Educación Inicial de la SEP (elevándolo de 866.4 a mil 484.5 millones). Se suma al recorte previo de 5 mil millones. El argumento de priorizar educación suena noble, pero el timing es cínico: se debilita financieramente al organismo justo después del escándalo de corrupción y a las puertas de una elección concurrente clave. No se trata solo de reasignar recursos; es un mensaje de control político sobre el árbitro cuando su autonomía y capacidad operativa más se necesitan. La democracia no se fortalece asfixiando al que debe garantizarla.
