CDMX.- Este viernes el Instituto Nacional Electoral firmará un convenio con la FGR, la SSPC, el CNI, la UIF y la CNBV para intercambiar información y detectar posibles riesgos de infiltración del crimen organizado entre aspirantes a candidaturas rumbo a 2027. El mecanismo es estrictamente voluntario: partidos y candidatos independientes pueden entregar listas solo si los aspirantes firman su consentimiento. Es decir, quien no quiera ser revisado, simplemente no se presenta.
Al mismo tiempo, Emilio Álvarez Icaza, representante de Somos México ante el INE, volvió a denunciar que no hay claridad sobre cómo datos personales y sensibles de ciudadanos afiliados a organizaciones en proceso de registro (entre ellas Somos y Paz) terminaron en poder de militantes de Morena. Esa información estaba bajo resguardo exclusivo del propio instituto. La denuncia no es nueva: en junio Somos presentó quejas penales y electorales precisamente por el uso de esos padrones en acciones en su contra.
En un instituto que acaba de ver la renuncia de su presidenta en medio de señalamientos de contratos, conflictos de interés y bloqueos de la UIF, y que arrastra acusaciones de afiliaciones indebidas y filtraciones internas, un convenio opcional contra “narcocandidatos” suena más a comunicado de prensa que a blindaje real. Si el INE no puede garantizar que sus propios archivos no se filtren al partido en el poder, resulta difícil creer que un mecanismo que depende de la buena voluntad de los interesados vaya a impedir que el crimen organizado —o cualquier otro poder fáctico— se meta en las candidaturas. La transparencia no se anuncia: se demuestra.
