CDMX.- Ulises Lara López dejó en julio de 2026 la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR tras apenas seis meses en el cargo y como vocero, con el argumento oficial de “motivos estrictamente personales”. Reportes de Carlos Loret de Mola y Salvador García Soto sostienen que la verdadera causa fue el hallazgo de un presunto soborno de un millón de dólares para intervenir en un litigio por la aviación privada del Aeropuerto de Toluca; según esas versiones, Ernestina Godoy lo informó a Claudia Sheinbaum y ambas optaron por una renuncia pactada para evitar el escándalo y la investigación formal.
El caso no es aislado. Otras columnas (Riva Palacio) ya habían señalado vínculos con huachicol, la liberación de “El Titán” y filtraciones a inteligencia estadounidense, mientras Lara manejaba expedientes sensibles como el de Rubén Rocha. Ahora, la Secretaría Anticorrupción denunció ante la propia FGR una red de extorsión que usaba documentos falsos con su nombre, aunque no hay prueba pública de su participación directa. Lara negó irregularidades y se retiró en silencio; la institución nunca abrió una investigación transparente ni explicó la salida.
Esto es el patrón de siempre: cuando el escándalo toca a alguien del círculo cercano, se esconde el expediente, se pacta la salida y se protege al funcionario. La FGR, que debería perseguir el cohecho, optó por enterrarlo. El resultado es más impunidad, menos credibilidad y la confirmación de que la justicia federal sigue subordinada a los intereses políticos de quienes la controlan.