La corrupción de la clase política en América Latina ya no genera indignación: genera asco. Durante años los ciudadanos vieron cómo gobernantes de izquierda —y no pocos de derecha tradicional— convertían el Estado en caja menor, protegían redes clientelares, relativizaban el narcotráfico cuando les convenía y se presentaban como intocables. Cada escándalo se archivaba con un comunicado, un “proceso en curso” o un “ataque de la oposición”. El hartazgo se acumuló en silencio. Y ese hartazgo, sumado a la impunidad, forzó el surgimiento de una derecha radical que muchos ciudadanos aceptaron no porque se convirtieran de la noche a la mañana en ideólogos, sino porque querían ver golpeados a quienes se creían invulnerables.
En Colombia esa presión produjo a Abelardo de la Espriella. El “Tigre” no es un político de oficio. Es un abogado y empresario que llegó a la presidencia en 2026 sin haber ocupado cargos públicos, tras vencer en una segunda vuelta ajustadísima al candidato del petrismo. En cuestión de meses pasó de cazador mediático de narcos y figuras cuestionadas a cazador frontal de autoridades, gobernadores, alcaldes y de la propia estructura de poder que había normalizado la impunidad. Su discurso no pide diálogo con los grupos armados: les da plazos cortos para someterse. No promete reformas graduales contra la corrupción: habla de mano dura, megacárceles al estilo Bukele y de recuperar el orden sin las concesiones que caracterizaron al gobierno anterior.
En un mundo globalizado y conectado, De la Espriella ya trascendió las fronteras colombianas. En los países de la región que aún mantienen gobiernos de izquierda dura, hay miles —quizá millones— de ciudadanos que siguen sus movimientos con atención. No necesariamente porque compartan cada una de sus posiciones, sino porque ven en él la posibilidad de que alguien, por fin, ridiculice y someta a los funcionarios que durante años se presentaron como intocables. Se sientan frente a las pantallas y esperan el siguiente round: el gobernador señalado, el alcalde protegido, el contrato opaco que sale a la luz con nombre y apellido. Es un espectáculo de justicia retributiva que la política tradicional les negó durante décadas.
Decían que Nayib Bukele era extremo. De la Espriella lo supera en varios frentes: en la velocidad con la que escaló de outsider a presidente, en la frontalidad con que confronta a la estructura estatal y en la ausencia de matices que caracterizó su campaña y sus primeros meses de gobierno. El Salvador tuvo su fenómeno; Colombia acaba de instalar el suyo, y la región lo observa.
El problema de fondo no es solo la aparición de estos personajes. Es que la propia clase política de izquierda, al estirar la liga hasta el límite con corrupción, impunidad y desprecio hacia las preocupaciones de seguridad y orden de millones de ciudadanos, creó las condiciones para que surgieran. Cada escándalo no castigado, cada diálogo de paz que se percibía como concesión a criminales, cada funcionario que se burlaba de la indignación popular, tensó más la cuerda. Ahora el resultado está en la Casa de Nariño.
Cuidado. Si en los países que aún resisten esta ola se sigue jalando la liga con la misma lógica —proteger a los propios, minimizar la corrupción cuando es “de los nuestros”, priorizar la narrativa ideológica por encima de la gestión visible—, el próximo espécimen podría ser todavía más radical. La aparición de figuras de este calibre no depende de laboratorios de la derecha internacional; depende, en gran medida, de cuánto más estén dispuestos a tensar los propios gobernantes que se creen intocables. El ciudadano harto no está pidiendo moderación. Está pidiendo resultados contra quienes lo saquearon y lo despreciaron. Y si para obtenerlos tiene que votar por el personaje que hace un año muchos llamaban impensable, lo hará. Y después se sentará, cruzado de brazos, a mirar la pantalla.
La liga ya se rompió. Ahora toca ver hasta dónde llega el golpe.
