Veracruz.- La gobernadora Rocío Nahle reconoció en julio, durante un recorrido con medios por el Palacio de Gobierno en Xalapa, que la remodelación ya había superado los 60 millones de pesos previstos (inicialmente entre 50 y 60). “Sí, fue más”, dijo sin dar cifra, atribuyéndolo a trabajos no contemplados. Hoy el gobierno de Veracruz admite tener contratos, planos y nombres de proveedores, pero los clasificó en su totalidad como reservados porque “pondrían en riesgo la integridad” de la mandataria, su gabinete y el personal.
La respuesta formal a la solicitud de transparencia (folio 950539926000072) llegó en agosto con un oficio de la Oficina de la Gobernadora: tienen la información, pero no la entregan ni siquiera en versión pública. El argumento es “riesgo real a la seguridad institucional y operativa”. Es el mismo patrón que usaron con la declaración patrimonial de Nahle, que también intentaron blindar. Mientras tanto, no hay datos públicos de licitaciones ni de cuánto se ha gastado realmente en mármol, candelabros y acabados de lujo.
Esto no es protección de seguridad; es opacidad deliberada con dinero público. En un estado con altos índices de pobreza, gastar más de 60 millones en un edificio de gobierno y luego esconder el costo exacto, los contratos y los beneficiarios bajo el pretexto de “seguridad” es una burla a la transparencia que Morena prometió. Si el dinero es del pueblo, las cuentas también deberían serlo. La reserva total de documentos que el propio gobierno admite poseer solo confirma que la austeridad republicana se queda en el discurso.