CDMX.- El lunes 5 de octubre, los diputados panistas César Damián Retes, Eva María Vázquez, Federico Döring y Jorge Triana presentaron ante la Fiscalía General de la República una denuncia de hechos contra la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. El pliego pide investigar delincuencia organizada, traición a la patria, enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre otros. No hay carpeta confirmada ni citatorio. Es una denuncia política, no una sentencia.
El contexto pesa más que el papel sellado. Días antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora y excoordinador de proyectos de su gobierno, por presuntos vínculos con la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa. En el mismo paquete quedó Vida Orgánica Tijuana, empresa en la que Ávila admitió haber tenido 30% de las acciones. Ella dice que no está sancionada, que está divorciada y que cedió su parte en 2023, aunque el registro público la seguía mostrando como socia activa. El PAN sostiene que se desprendió de las acciones hace semanas, justo cuando arreciaron los señalamientos. Ella respondió que terminará su mandato.
Lo contundente no es el show de los diputados, que llegan a “ayudar” a una fiscalía que casi nunca investiga a los suyos del poder. Lo contundente es que una gobernadora morenista aparece ligada, por sociedad y por familia política, a una firma sancionada por Washington por narco, y que la reacción mexicana se reduce a comunicados y a una denuncia de oposición. Ni la FGR ha dicho si abre indagatoria ni el gobierno federal ha explicado por qué una lista del Tesoro no merece, al menos, una revisión de contratos y de patrimonio. Mientras tanto, Baja California sigue gobernada por quien pide que se le crea la palabra.
