El Plan Michoacán: ¿Paz con justicia o más atole con el dedo?
La secretaria de Bienestar detalló que el plan beneficiará a 1 millón 70 mil 637 personas con iniciativas como pensiones, Sembrando Vida y fertilizantes gratuitos
CDMX.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, anunció este domingo el “Plan Michoacán para la Paz y la Justicia”. Con un telón de fondo impecable y un auditorio repleto de rostros que iban desde funcionarios en traje hasta militares en uniforme, el mensaje fue claro: más programas sociales para pacificar un estado que lleva décadas sumido en la violencia. Pero, ¿realmente es esta la solución que necesita Michoacán?
Montiel detalló una lista de iniciativas que, a simple vista, parecen un catálogo de buenas intenciones: pensiones para adultos mayores, apoyo a mujeres con discapacidad, estufas eficientes de leña, Sembrando Vida, Salud Casa por Casa, y un largo etcétera que incluye fertilizantes gratuitos y fondos para infraestructura. Según sus cifras, el plan contempla una inversión de 30,270 millones de pesos para beneficiar a 1 millón 70 mil 637 derechohabientes en el estado. Suena ambicioso, pero también profundamente familiar.
Porque, ¿acaso no hemos escuchado esto antes? Michoacán, con su geografía estratégica para el narcotráfico y su historia de grupos criminales como La Familia Michoacana, Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación, no es nuevo en este tipo de anuncios. Desde el sexenio de Felipe Calderón, cuando el despliegue militar exacerbó la fragmentación de los cárteles, hasta los gobiernos posteriores, la receta ha sido similar: más recursos, más programas, menos resultados. En 2019, Uruapan, uno de los epicentros de la violencia, registró un aumento del 61% en las tasas de homicidio en comparación con el año anterior. ¿Qué hace pensar que esta vez será diferente?
El contexto es crucial. Michoacán no solo es un estado con altos índices de pobreza –donde el 46.5% de la población vive en condiciones de marginación, según datos del Coneval– sino también un territorio donde el crimen organizado ha penetrado profundamente en la estructura social. Programas como Sembrando Vida, que prometen empleo y desarrollo rural, han sido criticados por su falta de impacto real en la reducción de la violencia. Peor aún, algunos beneficiarios de estos programas han sido vinculados directamente con actividades delictivas, como el caso del asesino de Carlos Manzo, quien era receptor de apoyos sociales.
La pregunta que surge es inevitable: ¿puede el gasto social, por sí solo, desarticular la lógica del narcotráfico? Estudios recientes, como el publicado en ArXiv, sugieren que el presupuesto actual para programas sociales y de seguridad en México es insuficiente para reducir el tamaño de los cárteles o la violencia de manera significativa. De hecho, se estima que se necesitarían inversiones masivas –del orden de decenas de miles de millones de pesos adicionales– y años, incluso décadas, para cambiar el equilibrio de poder. Y eso, asumiendo que los recursos no sean desviados por la corrupción endémica que aqueja al país.
Además, el enfoque del “Plan Michoacán” parece ignorar un elemento clave: la impunidad. En un estado donde los asesinatos de alcaldes se han convertido en una macabra rutina –siete en los últimos tres años–, ¿cómo se garantiza que los recursos lleguen a quien realmente los necesita y no sean cooptados por las mismas estructuras criminales que se pretenden combatir? La secretaria Montiel habló de “reuniones de seguridad quincenales” y sistemas de alerta para alcaldes, pero los detalles son escasos. ¿Qué tan efectivas serán estas medidas en un contexto donde la desconfianza hacia las instituciones es abismal?
No se puede descartar que, detrás de este anuncio, haya una intención política. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, el gobierno de Claudia Sheinbaum parece apostar por una estrategia de contención social, más que por una solución estructural. El riesgo, sin embargo, es alto. Si el plan no logra resultados tangibles, no solo se profundizará la crisis de seguridad en Michoacán, sino que se erosionará aún más la credibilidad de un gobierno que ya enfrenta críticas por su manejo de la violencia.
En resumen, el “Plan Michoacán para la Paz y la Justicia” es un intento loable, pero insuficiente. Sin una estrategia integral que combine seguridad, justicia y desarrollo, los 30,270 millones de pesos podrían convertirse en otro capítulo de la larga historia de promesas incumplidas en México. La paz, como la justicia, no se compra con programas sociales; se construye con instituciones fuertes, rendición de cuentas y una voluntad política que, hasta ahora, brilla por su ausencia..