Ayer, en San José Iturbide, Guanajuato, las autoridades hallaron más de 59 millones de litros de gasolina y diésel. Diez tanques. Documentación. Nadie. Ni un detenido. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, prometió que “va a haber”. En el huachicol mexicano esa frase ya es un género literario.
La 4T no inventó el robo de combustible. Lo reconvirtió.
Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó, el relato era simple: 80 mil u 81 mil barriles diarios salían de los ductos, “robo legalizado” que Hacienda descontaba del presupuesto. Pemex reportó después pérdidas por 70 mil 151 millones de pesos en el sexenio. Las tomas clandestinas, lejos de extinguirse, sumaron 72 mil 337 entre 2019 y agosto de 2024. El gobierno celebró una caída al entorno de 4 mil 700 barriles diarios. Al mismo tiempo, el negocio se mudó.
Cerrar y militarizar ductos en 2019 no disolvió a las redes: las empujó a aduanas, puertos, ferrotanques y pedimentos falsos. El huachicol fiscal —diésel y gasolina que salen de Estados Unidos y no entran a las cuentas mexicanas— es la cifra que cambia la escala. El experto en la materia, Francisco Barnés de Castro, en el pasado sub secretario de Energía, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía y director general del Instituto Mexicano del Petróleo, cruzando EIA y SENER, estima 112.5 millones de barriles de diésel no registrados solo en el periodo de López Obrador, y cerca de 935 millones de barriles de gasolina y diésel entre 2019 y mediados de 2026. El quebranto fiscal asociado supera, en esas cuentas, los 730 mil millones de pesos. Eso no es una toma en Hidalgo. Es un sistema.
Frente a ese volumen, la acción judicial es un punto.
Por ordeña de ductos, Pemex contabilizó de 2019 a septiembre de 2024 apenas 54 consignados y 9 sentenciados. Peña Nieto había dejado 716 consignados y 299 sentencias. En un corte más amplio (2019-julio 2025) hay 6 mil 560 detenidos en todas las modalidades y 172 sentenciados; en juzgados federales, 11 condenas. Megaoperativos de 10, 15 o 59 millones de litros que amanecen sin capturas no son la excepción. Son el método.
Bajo Claudia Sheinbaum sí cayeron nombres con cargo. Siete marinos, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna —sobrinos políticos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán—, procesados por la red de Altamira y Tampico. Ojeda no está imputado. Cayó también Ernesto Ruffo Appel, exgobernador panista, por una red de ferrotanques. El SAT canceló facturas a 2 mil 205 comercializadoras. El informe presidencial habla de 3 mil 109 casos de clasificación arancelaria incorrecta. Eso es más Estado que en el sexenio anterior. Todavía no es proporcional al saqueo.
La transformación de la 4T consistió en esto: el huachicol dejó de ser sobre todo un agujero en el tubo y se volvió un agujero en la aduana, con uniformes, pedimentos y empresas que parecen legales. El discurso oficial pasó de “se acabó” a “vamos a detenerlos después”. El predio de Guanajuato es la metáfora perfecta: el combustible está, el dueño no.
Una política seria no se mide por litros asegurados en la mañanera. Se mide por quién firma el pedimento, quién autoriza el buque, quién lava el litro y quién recibe sentencia. Hasta que eso ocurra, 59 millones de litros sin un solo detenido no son un golpe al crimen. Son el inventario de un país que ya sabe dónde está la mercancía y todavía no sabe —o no quiere saber— de quién es.
