CDMX.- El exsubsecretario, cara visible de la estrategia federal contra el COVID-19, recibe ahora un sueldo de alrededor de 2.5 millones de pesos anuales más beneficios (incluido el traslado de su Peugeot), financiado con recursos públicos, en un nombramiento impulsado desde el gobierno de Sheinbaum. Mientras tanto, las cifras oficiales y de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia documentan entre 600 mil y más de 800 mil muertes en exceso entre 2020 y 2023, de las cuales al menos 300 mil se atribuyen a fallas de gestión que pudieron evitarse.
No se trata de una opinión aislada. El propio López-Gatell firmó un estudio en The Lancet que reconoció más de 439 mil muertes por COVID y un exceso total de 600 mil en 2020-2021, muy por encima de lo que el gobierno reportaba entonces. México terminó entre los países con peores indicadores de mortalidad relativa. Las críticas recurrentes —subestimación inicial del virus, mensajes contradictorios sobre cubrebocas y pruebas limitadas, reconversión hospitalaria tardía y el desmantelamiento previo del Seguro Popular— coinciden con lo que señalan informes independientes y órdenes judiciales que, en 2022 y 2023, instruyeron a la FGR a investigar posibles negligencias y ocultamiento de información. Hasta ahora no hay condena ni rendición de cuentas formal.
Lo que sí hay es recompensa. En lugar de enfrentar procesos o siquiera una auditoría pública seria sobre las decisiones que multiplicaron el daño, el funcionario fue enviado a Ginebra con tabulador diplomático y protección política. La impunidad no es un detalle: convierte el desastre sanitario en lección de lealtad. Quienes perdieron familiares por saturación hospitalaria, desabasto o políticas erráticas siguen sin respuestas; el principal responsable del manejo federal, en cambio, disfruta de un retiro dorado. Esa es la herencia real de aquella gestión: cientos de miles de muertes y cero consecuencias para quienes las manejaron.