Oaxaca.- Apenas un día después de que Oaxaca abriera formalmente el proceso electoral 2026-2027, Amy Navarrete Arriola, abogada, empresaria y ex candidata del PVEM a la alcaldía de Matías Romero, cayó acribillada en el domo de Paso Guayabo durante la Lavada de Ollas, en honor a la Virgen de la Natividad. Con ella murieron el fotógrafo que la acompañaba —identificado por medios como Mateo Reyes Mejía— y un tercer hombre que la Fiscalía todavía no nombra. No hubo detenciones. Solo el comunicado de rigor y la escena de siempre: una fiesta popular convertida en escena del crimen.
Era viuda del magistrado Enrique Pacheco Martínez, ejecutado en septiembre de 2021. Cinco años después, el mismo Istmo le cobró la vida a ella cuando volvía a asomarse a una contienda municipal que, extraoficialmente, algunos medios ya la colocaban como aspirante del PAN. Matías Romero no es un accidente en el mapa: es uno de los municipios más violentos de la región, con células del crimen organizado, huachicol y una lista creciente de ataques a autoridades, ex funcionarios y periodistas. El mensaje no necesita comunicado: quien se mueva en esa plaza lo hace con precio.
Lo intolerable no es solo el triple homicidio. Es que el Estado mexicano ya normalizó que una campaña arranque con cadáveres y que la Fiscalía se limite a “iniciar investigaciones” mientras el pueblo entierra a sus muertos. La democracia oaxaqueña no está amenazada: está intervenida. Mientras no haya responsables, no hay proceso electoral. Hay un territorio tomado y una autoridad que finge que el calendario institucional pesa más que las balas.
