San Luis Potosí.- Gerardo Sánchez Zumaya, el exaspirante a la gubernatura de San Luis Potosí por el Partido del Trabajo, huyó de México a finales de septiembre justo después de que la Unidad de Inteligencia Financiera le congelara las cuentas a él y a su entorno. Las autoridades lo investigan por lavado de dinero, defraudación fiscal, facturación irregular y huachicol fiscal, en medio de una red de empresas que durante años facturaron miles de millones a Pemex y al Instituto Mexicano del Petróleo. El dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, lo defiende como “perseguido político”, pero el bloqueo financiero y su salida del país coinciden con el avance de las carpetas federales.
Lejos de detenerse, la red familiar sigue operando. A través de Torang Construcciones —controlada por María Liliam Torres, María Asunción Sánchez y su hijo César Torres Sánchez—, obtuvieron cuatro contratos directos del alcalde Enrique Galindo en el municipio de San Luis Potosí entre 2022 y 2023. El Instituto de Fiscalización Superior detectó anomalías graves en todos: un pavimentado de 6.9 millones con documentación irregular, otro de 47.3 millones con pagos fuera de especificación, una obra cancelada de 37.5 millones donde no reintegraron un anticipo superior a 11 millones, y una más de 28.5 millones de pésima calidad en la que retuvieron 8.5 millones de adelanto. En total, facturaron más de 120 millones en obras irregulares mientras el principal señalado ya no está en el país.
Esto no es persecución: es la continuidad de un esquema que las autoridades federales y locales han permitido prosperar. Mientras la UIF congela cuentas y la FGR investiga, los contratos municipales siguen fluyendo a prestanombres familiares y el PT mantiene el discurso de victimización. La impunidad no es un accidente; es el resultado de alianzas políticas que priorizan el negocio sobre el erario.