CDMX.- Con 96 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Senado aprobó este miércoles reformas a los artículos 18 Bis y 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El dictamen, impulsado por la senadora panista Mayuli Latifa Martínez Simón y presentado en octubre de 2025, prohíbe a proveedores usar datos de consumidores para llamadas u otros medios no autorizados, de forma reiterada y persistente, con fines comerciales o publicitarios. Las multas irían de 56 mil 570 a 2 millones 345 mil 728.71 pesos. El texto pasó a la Cámara de Diputados: todavía no es ley.
El aplauso unánime esconde lo de siempre. Desde hace años la ley ya impide mandar publicidad a quien se negó o está en el Registro Público para Evitar Publicidad de la Profeco, y prevé responsabilidad solidaria si el envío lo hace un tercero. En la discusión se recordó que la sanción vigente ronda los 760 pesos. Subir el techo no resuelve el problema real: números enmascarados, call centers que operan por intermediarios y una autoridad que casi no identifica ni cobra. Una multa de 2.3 millones sobre el papel no detiene la llamada de las 9 de la mañana si nadie la ejecuta.
Tampoco ayuda el relato. Cuentas afines a Morena presentaron el dictamen como aplanadora oficial contra bancos y tarjetas. El expediente dice otra cosa: iniciativa del PAN, voto de todos y cero reservas. Es la reforma fácil, la que no cuesta presupuesto ni confronta a nadie con poder. Mientras el teléfono sigue sonando, el Senado se anota un triunfo que el consumidor no va a notar hasta que la Profeco demuestre, caso por caso, que la multa sale del boletín y llega a la caja.
