CDMX.- El Senado no aprobó “una ley contra el fraude digital”. Aprobó, con 72 votos a favor y 34 en contra, una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial que la oposición bautizó, con razón política si no técnica, como Ley Antimemes.
El texto que pasó en lo general —y luego en lo particular, 68-34— tipifica de uno a cinco años de prisión y multas de mil a 10 mil UMA a quien use, reproduzca, imite o incorpore a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios o documentos oficiales para inducir al error o al engaño con la intención de cometer un ilícito. Morena, PT y Verde dicen que actualizan un marco de 1996, que alinean el país con el T-MEC y que van contra piratería y suplantación. El senador Javier Corral lo resumió así: no se castiga la crítica; se castiga hacerse pasar por institución para defraudar.
Eso, en el papel, no es “cárcel por un meme”. El problema no es el slogan. Es la omisión. El artículo 403 Bis no reserva de forma expresa la parodia, la sátira, la caricatura, el periodismo ni el interés público. En un país donde la ambigüedad rara vez beneficia al ciudadano, esa laguna no es un detalle de redacción: es el margen que el Estado se reserva para decidir, después, qué risa sí y cuál no. Luis Armando Melgar, del Verde, rompió la disciplina de su bancada y votó en contra. Lo dijo sin florituras: se está creando un delito que puede llevar a prisión y, cuando está de por medio la libertad, la ley tiene que ser precisa. La libertad no solo se pierde cuando se prohíbe hablar; también cuando el ciudadano empieza a preguntarse si investigar, publicar o burlarse puede volverse expediente.
Lilly Téllez subió a tribuna con un par de esposas y un video de sátira. Acusó a la mayoría de ir por caricaturistas y creadores de contenido en lugar de ir por huachicoleros y por los propios legisladores señalados. Mostró una parodia de El hundimiento con López Obrador y gobernadores, y el recinto se tensó hasta el encontronazo con Ruth González. No fue un show aislado: fue el síntoma. Un gobierno que dedica una sesión de plenaria a blindar su identidad gráfica mientras el debate público sigue atascado en homicidios, contrabando de combustible y reportes como el del New York Times sobre Andy López Beltrán no está combatiendo la piratería. Está midiendo cuánta burla puede soportar.
La minuta ya va a Diputados. Ahí se repetirá el mismo libreto: “no es contra los memes” versus “entonces pongan la excepción por escrito”. Si el objetivo fuera solo el fraude comercial, la salvedad para sátira y periodismo cabría en un párrafo. Que no quepa dice más que el resto del dictamen. El poder que no soporta verse en un meme no está defendiendo derechos de autor. Está pidiendo silencio con traje técnico.
